Un gobierno marcha atrás

EL denominado Compromiso en favor de la convivencia, que el Departamento de Educación del Gobierno vasco presentará hoy públicamente como un documento de consenso con algunos agentes educativos y sociales es en primer lugar un compendio de principios tan generales y evidentes que se entiende innecesario recordarlos a educadores y pedagogos. Como guía por la que dirigir la labor educacional con las nuevas generaciones en el futuro inmediato, el respeto a los Derechos Humanos y la dignidad personal, el fomento de la crítica a su violación, la empatía con sus víctimas y el impulso de la convivencia y la cultura democráticas son tan intrínsecos a la misma educación que no es su constatación escrita, sino la observancia personal de dichos preceptos, la que define la labor pedagógica en una sociedad avanzada. Cierto es que pueden haberse dado, y aún pueden darse, actitudes concretas que los transgredan, pero no se remedian con un recordatorio público de dichos principios, sino con la acción convencida y particular que permita la rectificación o, en su caso, que las aparte del ámbito educativo. En consecuencia, el Compromiso que hoy presenta Isabel Celaá solo puede entenderse como una rectificación a la que la consejera se ha visto obligada ante su incapacidad para rebatir o superar las resistencias del mundo de la educación al original Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia, también conocido como Educación para la Paz y todavía vigente, unánimemente criticado por su nítido impulso político, por sus inexplicables características prácticas, porque carecía de cualquier continuidad con la importante labor realizada hasta entonces en los centros escolares y porque se elaboró sin la participación de la comunidad educativa. Año y medio de parón después, pese a una primera reforma del mismo, el nuevo Compromiso pretende regresar a los parámetros anteriores a las pretensiones ideológicas que el Acuerdo de Bases entre PSE y PP quiso trasladar a la educación vasca, pero carece ahora no solo de capacidad para recuperarlos sino también de plan de actuación o propuesta concreta para desarrollar lo que entonces descalificaron y pretendieron eliminar. Es, en cualquier caso, una actitud, la del parón y marcha atrás, a la que el Ejecutivo López también se ha visto obligado en otros ámbitos, como por ejemplo el de la radiotelevisión pública vasca EITB, y que define la improvisación, la incapacidad y las hipotecas que han caracterizado a lo largo de dos años y ocho meses al gobierno socialista y su fracasada alianza constitucionalista con el Partido Popular, que le han llevado al tiempo de descuento en que se encuentra y que le obligan a plantearse de manera inminente el fin de la legislatura.