UNA media de seis familias son desahuciadas a la fuerza cada día de su vivienda en Euskadi por no poder pagar la hipoteca. Es la cara más dramática, más cruel y descarnada pero a la vez real de la crisis económica, cuyas consecuencias a nivel de calle van mucho más allá de los vaivenes de la prima de riesgo o la bolsa de valores. La historia de Mari Carmen y la de sus padres Balbina y Antonio de la que da cuenta hoy DEIA pone rostro humano a uno de esos dramas del desahucio. El mismo Ararteko exigió hace unos días a las administraciones que crearan mecanismos de mediación entre las entidades financieras y las personas que no pueden hacer frente a sus hipotecas para frenar un problema que está adquiriendo dimensiones "escalofriantes". En ese sentido, el Gobierno vasco ha anunciado la puesta en marcha de un grupo de trabajo para la futura creación de este servicio de mediación. Mecanismo que, más allá de su efectividad real, llega tarde para miles de personas. Y eso, cuando el sistema burocrático permita su puesta en funcionamiento, que aún está por ver. No en vano, en el Estado español los casos de desahucios han alcanzado una cifra récord -entre enero y junio de este año se han realizado 32.000 procedimientos-, lo que ha activado un movimiento de protesta y paralización de los desalojos que, en algunos casos, ha podido evitar que las familias afectadas tuvieran que abandonar sus casas. Uno de los casos más conocidos fue el del caserío de Berango en el que vivía una familia de ancianos que había adquirido un préstamo en una entidad de crédito instantáneo y en cuya resolución fue fundamental la tarea desempeñada por la alcaldesa de la localidad vizcaina. Y eso pone de relieve el papel activo que podrían ejercer las administraciones en esta intermediación, tarea que ya vienen desarrollando organizaciones no gubernamentales como Cáritas. El desahucio es la representación más simbólica de los daños colaterales que ha ocasionado el boom inmobiliario y su época de concesiones indiscriminadas de créditos. Pero también indica la vulnerabilidad en la que se encuentran los propietarios que quieren saldar su deuda al comprobar que la devolución de la vivienda no supone resolver sus compromisos con el banco. Se está abogando por mejorar el sistema que regula los créditos hipotecarios para poder proteger de mejor manera los derechos ciudadanos y es que, a día de hoy, la entrega de la vivienda a la entidad financiera no resuelve, como ocurre en otros países, la deuda contraída. Ante la dimensión que va adquiriendo este problema, sería exigible que el próximo Gobierno de Mariano Rajoy contemple un cambio de la ley para regular la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda, la deuda quede liquidada. Es lo mínimo.