LA cruda, inexplicable y para el ciudadano nada beneficiosa polémica abierta entre los gobiernos de La Rioja y de la Comunidad Autónoma Vasca respecto a la atención sanitaria en cada una de ambas comunidades a pacientes procedentes de la otra denota por un lado el enconamiento antivasco del presidente riojano, Pedro Sanz, y por otro el talante inflexible del máximo responsable de la Sanidad pública vasca, Rafael Bengoa, y también en esto la dejación reiterada de sus responsabilidades de Patxi López, ausente hasta ayer, cuando contribuyó a acentuar el problema con sus declaraciones. En el caso de los dos gobiernos, sin embargo, queda patente sobre todo que quienes rigen La Rioja y la CAV no entienden la política como el arte de solucionar los problemas de los ciudadanos, tampoco en un área tan delicada como la atención sanitaria, sino como el conjunto de técnicas empleadas para obtener y mantener el gobierno y proteger lo que consideran sus principios ideológicos aun en detrimento del interés social. Si en el ánimo de Pedro Sanz al plantear la polémica estaba la pretensión de hacer coincidir una pública pero irreal defensa de los intereses de los riojanos con sus objetivos electorales durante la campaña del 20-N, en el de López y Bengoa se encuentra un errado y nada veraz intento de presentarse a sí mismos como defensores de Osakidetza y, por tanto, del autogobierno vasco cuando en realidad únicamente protegen una idea limitada del incompleto e ineficaz sistema autonómico. Errado porque el mejor modo de defender el autogobierno es que este pueda proporcionar los mejores servicios a la sociedad, incluyendo para ello los acuerdos precisos que lo aseguren en aquellos extremos a los que dicho autogobierno no llegue por sí mismo. Y nada veraz porque dicha defensa llega curiosamente tras haber hecho caso omiso en el pasado a otros ataques mucho más duros al mismo autogobierno vasco surgidos también del Gobierno de Sanz y que contaron con el apoyo socialista, como en el caso de las denuncias de las ayudas fiscales o del Concierto Económico. Y no, no se trata de que exista o no un mecanismo legal que asegure la asistencia sanitaria más allá de los límites de las respectivas comunidades, que puede ser conveniente pero tampoco existía mientras esa asistencia se ha ofrecido, sino de que ambos gobiernos también están anteponiendo las cuitas que padecen para cuadrar sus presupuestos, verdadera razón de la polémica, a la salud de los ciudadanos. La actitud de Sanz, cierto es, puede considerarse intolerable, pero amenazar, como Bengoa, con ampliar el conflicto a otras comunidades limítrofes; o tratar de trasladar a Madrid la responsabilidad que compete al Ejecutivo de Lakua, como pretende López, no hacen sino acentuar el problema y menoscabar, al ponerlo en situación de dependencia, el autogobierno vasco. Quizás también de modo interesado.