LA decisión del PP del País Vasco de presentar un total de 118 enmiendas parciales por un monto global de 60 millones de euros al proyecto de presupuestos del Gobierno que preside Patxi López no solo tensa una relación ya tirante durante las últimas semanas sino que abre la primera grieta seria en el Acuerdo de Bases constitucionalista sobre el que el Ejecutivo permanece, aun tambaleándose. Una grieta que amenaza con abrirse y devorar el pacto. Si por primera vez el PP presenta sus propias enmiendas y no las acordadas conjuntamente con el PSE, los razonamientos en los que el secretario general de los populares vascos, Iñaki Oyarzábal, apoyó dicha decisión anuncian una ruptura en el medio plazo, sin esperar probablemente al fin de la legislatura. No en vano, el Partido Popular ha explicitado diferencias con el PSE en el punto sobre el que se pretendió sustentar la operación de desalojo del nacionalismo al cuestionar los posicionamientos políticos del Gobierno López en lo que respecta al proceso de pacificación y normalización en Euskadi. No en vano y al mismo tiempo, el PP critica abiertamente las políticas anticrisis y el diseño económico con el que el Ejecutivo pretende hacer frente a la recesión que se avecina de nuevo, como advertía ayer el presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua. Y no en vano dice no compartir tampoco la limitación de las políticas sociales y el incremento de los recortes en servicios. Es decir, el PP disiente de lo que el Gobierno López hace en los ámbitos político, económico y social pero en una contradicción tan absoluta como insostenible asegura que mantendrá un apoyo que "cada vez se hace más difícil" en aras a una supuesta "responsabilidad" para con la estabilidad institucional. Ahora bien, ¿puede ser responsable mantener el apoyo a un gobierno del que se consideran equivocadas sus propuestas en los ámbitos político, económico y social? ¿Se ofrece estabilidad institucional cuando, al mismo tiempo que se mantiene un apoyo nominal al gobierno, se critican públicamente sus actuaciones? ¿Puede, en tal caso, ofrecer una nimia estabilidad un gobierno minoritario, sin apoyo social, desacreditado y cuestionado hasta por aquel al que considera su socio preferente? Más aún, ¿puede el PP pretender creíble su justificación del sostenimiento de un gobierno caduco en el hecho de que la inestabilidad agravaría la crisis tras haberse empeñado durante meses en trufar de inestabilidad un gobierno, el del Estado, aun siendo consciente de que contribuía al agravamiento de la gravísimo situación económica española? Son preguntas que, sin embargo, debería plantearse y responder de manera inmediata aquel a quien el PP dice mantener su apoyo, porque no es él sino Patxi López quien soporta la responsabilidad de gobernar, la incapacidad para hacerlo y la certeza de que su caducidad lleva el sello de su socio de gobierno.