EL anuncio por el Gobierno que preside Patxi López de la pretensión de aplicar una serie de medidas de recorte en la función pública con el objeto de cuadrar las previsiones presupuestarias en 2012 y no incrementar la deuda pública más allá de los 1.038 millones de euros que ya ha añadido en el presente ejercicio y prevé repetir en el próximo, supone trasladar a los empleados públicos por segunda vez -la primera fue la aplicación en la CAV de los ajustes decididos por el Gobierno Zapatero en 2010- los problemas de gestión que se han hecho evidentes y constantes en el Ejecutivo. No se trata de negar que la necesidad de adecuar el gasto en todos los órdenes pueda o deba tener su reflejo también en la función pública, lo que de hecho sucede ya en la mayoría de los países europeos e incluso en una casta funcionarial tan intocable como la de la propia Comisión Europea, sino de asegurarse de que esos recortes son en primer lugar imprescindibles y a continuación no suponen un mero remedio de coyuntura que impide o limita una reordenación estructural no necesariamente traducida a una simple merma de los derechos laborales y los acuerdos adquiridos con anterioridad. El mismo Gobierno López posee, sin duda, herramientas para establecer políticas de control del gasto departamental que hasta la fecha brillan por su ausencia, la potestad de disminuir el número de cargos de designación de los niveles superiores y sus inmediatos, la capacidad para legislar en materia económica -el anunciado plan de empleo sigue pendientes- y la obligación de prevenir y eliminar gastos superfluos o al menos no inevitables como, y sólo es uno de múltiples ejemplos, los que se efectúan constantemente en el ámbito de la imagen y la presencia gubernamental en los entornos de las nuevas tecnologías. La reducción de los complementos del funcionariado, la obligatoriedad de la jubilación a los 65 años, la suspensión del contrato relevo... que plantea el Ejecutivo no solo dan la sensación de ser medidas en algún caso contradictorias, también acuciantes; sino que conllevan una merma de la calidad de los servicios públicos que ya se detecta en áreas como Educación y Osakide- tza pese al esfuerzo de sus profesionales; una reducción de la capacidad adquisitiva y por tanto de consumo de un sector social importante y el consiguiente retraso de la reactivación; y un aumento del desempleo, especialmente entre los más afectados por el mismo, los jóvenes. En definitiva no contribuye precisamente a impulsar la economía sino que se engloba en lo que Mario Fernández, en consonancia con otros muchos teóricos de la economía, acaba de definir como "un círculo vicioso" de estancamiento, desempleo, gasto, financiación y de nuevo estancamiento o recesión y desempleo del que Euskadi debe salir cuanto antes.