EL paro parcial que los trabajadores de Metro Bilbao llevaron a cabo a primera hora de la mañana de ayer, el undécimo en el último año, el que llevarán a cabo de nuevo el próximo miércoles y el anuncio de que el Comité de Empresa propondrá a la plantilla otros cuatro paros en diciembre coincidiendo con el punto álgido de las compras navideñas y con la festividad y el mercado de Santo Tomás, día de más afluencia de usuarios del año; trasladan con toda su crudeza a los usuarios del servicio público una conflictividad desconocida durante los catorce años de vida de un transporte hasta hace poco considerado modélico por los ciudadanos. Baste con comparar los once paros realizados por la plantilla desde que la administración socialista situó al actual consejero delegado al frente de la empresa con el único que se había producido en el metro durante los catorce años anteriores, lo que supone multiplicar cientos de veces la conflictividad, para cuestionar la actitud de los actuales responsables de la empresa -que ha llegado a vulnerar el derecho a la huelga, según dictamen judicial, o a renunciar a la mediación- más allá de que los trabajadores tengan o no razón en sus reivindicaciones y en su denuncia de incumplimiento de los acuerdos por parte de la dirección. Porque, además, la tensión laboral y las consecuencias que esta traslada a la ciudadanía no hacen sino incidir de modo reiterado en el evidente deterioro de un servicio que ha presentado en los últimos meses un inusual número de incidencias, directamente ligadas a la gestión o relacionadas con ella y ante las que la dirección no puede escudarse únicamente en el tiempo transcurrido desde la puesta en marcha del metro por cuanto entre sus competencias y responsabilidades está, y no en último lugar, la del mantenimiento e innovación del suburbano. En realidad, todo ello no es ajeno sino consecuencia del intento de la actual dirección de Metro Bilbao de trasladar a un servicio público modos de gestión y relación que han perdido actualidad pero sobre todo eficacia incluso en el sector privado, en el que ambos conceptos se orientan ya a involucrar al trabajador en los objetivos de la empresa y a hacerle partícipe de la realidad de la misma. Con el agravante en este caso de que el incremento tanto de la conflictividad laboral como de las incidencias que esa pretensión produce tiene una tercera vertiente de deterioro, la del perjuicio a la imagen de la empresa, hasta hace nada impecable, debido a los efectos de las reiteradas incomodidades en la consideración de los ciudadanos que, no hay que olvidarlo, sostienen y financian el servicio tanto directamente como a través de sus impuestos. Por ello, e incluso sin eximir a los empleados de su cuota de responsabilidad, corresponde a la dirección del metro o, en su defecto, a los responsables políticos que la designaron, corregir sin más demora una situación de todo punto insostenible.
