LOS resultados de las elecciones generales del 20-N permiten constatar y contrastar las nada sutiles diferencias entre las realidades sociológicas y políticas de Euskadi y España. El domingo, la sociedad vasca se sustrajo de la tracción que habían venido ejerciendo las elecciones a las Cortes españolas hacia los partidos de ámbito estatal, obvió el efecto polarizador del bipartidismo e ignoró la corriente a favor de una derecha constitucionalista subida hace meses a la cresta de la ola de la mayoría absoluta. En primer lugar, han sido las primeras elecciones generales desde 1993 -y había habido cuatro- en las que el voto abertzale supera al voto español y lo hace con mayor diferencia de sufragios que en aquella ocasión, devolviendo la distancia entre las dos corrientes a cifras similares a las de la década de los 80, muy cercanas a las de 1986. Además, esos 608.045 votos son el techo abertzale en unas elecciones generales tras los 647.000 de 1982, pero están lejos aún de los 742.530 que las dos grandes tendencias del nacionalismo vasco sumaron en las autonómicas de 2001, lo que da idea de por dónde se situaría el margen de crecimiento del voto. Y, finalmente, las dos formaciones que pueden mirar con satisfacción los resultados son las abertzales: el PNV repite como fuerza más votada y mantiene la hegemonía con 39.000 votos sobre Amaiur, que no saca rendimiento electoral a la entrada en la coalición de Aralar y sin embargo puede esgrimir el mayor número de escaños. En el otro lado, la esperada debacle socialista no ha supuesto crecimiento del PP y los 464.105 votos constitucionalistas son asimismo el peor resultado en unas generales desde la década de los 80, 176.000 menos que en 2008 y 110.000 menos que en las autonómicas de 2001. Pese a un 4% más de participación y a un total de cincuenta mil votos más emitidos respecto a 2009 y pese a tratarse de unas elecciones generales en las que siempre rentabilizan el efecto tractor de la campaña, PSE-PP apenas alcanzan los resultados que les llevaron a tener que juntarse para arrebatar el gobierno al vencedor en las autonómicas, el PNV. No se trata pues de que el Parlamento Vasco -mucho menos el Ejecutivo López- esté cojo y no responda a la realidad socio-política del país, lo que sería suficiente para cuestionar su continuidad; tampoco de la constatación de que el amplio sector social al que representa la segunda fuerza política de la CAV esté excluido de la Cámara que legisla en dicho ámbito, lo que debería bastar para convocar nuevas elecciones; sino de que en las dos citas electorales desde entonces, incluso en la que más les beneficiaba, las fuerzas que sustentan el Gobierno han añadido sendos fracasos al que les obligó a un pacto frentista y contranatura frente al nacionalismo vasco y al continuado error de gestión desde que asumieron el poder. Y seguir ignorándolo, sordos a lo que reiteradamente dice la sociedad, sólo ampliará la brecha con la misma y hará irreparable el descalabro.