EL silencio que ha venido manteniendo la Casa Real española respecto a las investigaciones sobre la posible apropiación de fondos públicos en el entorno del yerno de Juan Carlos I y duque de Palma a través del Instituto Nóos y en relación con el denominado caso Palma Arena debe dar paso a la exigencia pública de responsabilidades desde el ámbito político y a la depuración de las mismas, pero también a un análisis concienzudo de las relaciones de la Casa Real con este y otros escándalos. Si hasta ahora la monarquía española había pretendido limitar la afección de los presuntos delitos de malversación, fraude y prevaricación al ámbito privado del marido de la infanta Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin, la constatación de que también la hija de Juan Carlos I participaba como vocal en la Junta Directiva de Nóos y que el secretario de las dos infantas, Carlos García Revenga, empleado y hombre de confianza de la Casa Real, era el tesorero de dicho instituto, es decir, el responsable del dinero recaudado por Nóos -también de los cerca de ocho millones en contratos con los gobiernos del PP en Mallorca y Valencia-, según ha testificado uno de los principales imputados, el socio del duque de Palma, Diego Torres; extiende directamente la implicación a la monarquía española. También porque no es la primera vez que Juan Carlos I y su entorno más cercano se han visto envueltos o relacionados con escándalos e intereses económicos encontrados a su condición real. Baste recordar la implicación de Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y administrador del rey de España, en el caso Grand Tibidabo y su relación directa con Javier de la Rosa, condenado por apropiarse de parte del capital en España de Kuwait Investment Office, en el conocido como caso KIO, al inicio de la década de los 90, época en la que se habría cimentado la fortuna personal del rey de España. En el caso de los contratos públicos otorgados por encima de su valor al Instituto Nóos durante el tiempo en el que el duque de Palma lo presidía y las irregulares adjudicaciones a dicho organismo cabe además preguntarse si es posible que tales actividades y contrataciones se cumplimentaran sin el conocimiento y la aquiescencia de una Casa Real que mantiene desde hace décadas relación e influencia directas en la alta sociedad y las instituciones mallorquinas. O, en su caso, si se ha tratado de aprovechar de una impunidad que no debería existir de ningún modo para con una monarquía española que recibe, entre otras partidas y para su libre disposición, tal y como estipula el artículo 65.1 de la Constitución española, "una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa" extraída de los Presupuestos del Estado, que sufragan los impuestos de los ciudadanos y que ronda los nueve millones de euros aun en plena y profunda crisis económica.
