Ley de Cajas: consenso y estabilidad

UN muy elemental discernimiento de la democracia como sistema político y de las responsabilidades de todo gobierno permiten comprender los beneficios -y hasta la necesidad- del consenso como método a la hora de legislar en aquellos aspectos fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Mucho más cuando se trata, como en el caso del que preside Patxi López, de un gobierno marcadamente minoritario y ampliamente contestado y de manera especial si la actividad legislativa en cuestión pretende alterar una de las principales herramientas en el ámbito socio-económico. Es el caso del Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado este verano por el Consejo de Gobierno que preside López pero pendiente de una ratificación parlamentaria para la que contaría en principio con el apoyo del PP. Con esas premisas, que el consejero de Economía, Carlos Aguirre, anuncie ahora su pretensión de llegar a un acuerdo con el PNV en torno a las sensibles reservas que la formación jeltzale (y otras) mantiene sobre el proyecto, se antojaría razonable. Sin embargo, contrasta con la actitud mantenida hasta ahora por el Ejecutivo y choca frontalmente con el fin -o al menos uno de los fines- que el propio Carlos Aguirre atribuyó a la reforma legal: disminuir la presencia nacionalista en los órganos de decisión de las cajas vascas y de la entidad resultante de la fusión que se aprobará este mismo mes. Difícilmente puede pretender el consejero -más allá de la pose pública- consensuar con el PNV un proyecto de ley que busca limitar la representación de este mediante la reducción de los porcentajes de representación de las entidades fundadores en beneficio de instituciones en las que socialistas y populares están mejor representados. Y con fin tan político tampoco puede pretender al mismo tiempo que dicha modificación se enmarca en un intento de despolitización de las cajas que, dicho sea de paso, mantienen una estructura mucho más profesional -como lo demuestran sus resultados- que otras entidades del mismo sector allí donde socialistas y/o populares copan sus órganos de representación y gestión. Pero es que además esa renovación total de nuevas asambleas y consejos que pretende el proyecto de ley iría en contra de lo previsto en el real decreto-ley de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, en vigor desde el pasado julio, mientras que su traslación inmediata al consejo de administración de la entidad bancaria resultante de la fusión contravendría la opinión del Banco de España, que por contra exige estabilidad en ese primer consejo de administración. Sin obviar que, aun en el caso de que Aguirre pretendiera sacar adelante el proyecto de ley con el único apoyo del PP, estaría abocando a las cajas a una situación de interinidad hasta la próxima legislatura.