LA presentación al Parlamento Vasco por parte del Gobierno que preside Patxi López del proyecto de Ley Municipal y los cambios introducidos en el mismo respecto a la redacción que se anunció el pasado 30 de agosto confirman la extrema inconsistencia del Ejecutivo precisamente cuando Euskadi más necesita de serenidad y solidez en su liderazgo político para afrontar las consecuencias de la crisis económica e impulsar el tránsito hacia un nuevo estadio político con la presumible desaparición de la violencia. No es ya que la Ley Municipal, que el propio Patxi López definiera al llegar al Gobierno como "el primer compromiso" de este, acumule dieciocho meses de retraso. Ni siquiera que, hasta la fecha, la misma no haya obtenido el respaldo necesario para su recorrido parlamentario y sí todo lo contrario, el rechazo de las principales fuerzas políticas presentes en la Cámara vasca. Tampoco solo que la Comisión Jurídica Asesora, órgano consultivo que dictamina respecto a los proyectos de ley urdidos por el Gobierno vasco, opinara que la redacción de la Ley Municipal vulneraba las competencias forales en materia de tributos. Es también que el propio Gobierno López, al alterar posteriormente los artículos 66, 67 y 68 de su original proyecto de Ley Municipal y no hacerlo en el sentido que la Comisión aconsejaba, hace evidente que solo pretende un subterfugio que le permita eludir resistencias a la tramitación inicial y, de paso, evitar la asunción de la responsabilidad que le compete por no haber logrado -no haber buscado, en realidad- el consenso político imprescindible en una ley de tal calado. Es decir, únicamente pretende culpar a alguien de su incapacidad para cumplir aquel "primer compromiso". Sin embargo, al modificar la redacción de esos tres artículos y contrariamente a la displicencia con que el Ejecutivo se refirió al dictamen de la Comisión cuando este se conoció públicamente, el gobierno admite de modo implícito el papel fiscalizador de la misma... pero no resuelve la invasión competencial de que aquella le advertía. Y ello muestra tanto la urgencia con que se preparó el proyecto de ley, posiblemente debido a la escasísima producción legislativa del Ejecutivo cuando ya se ha superado con creces el ecuador de la legislatura, como la endeblez política del gabinete que preside López y su absoluta falta de respeto por los mecanismos de control de la acción gubernamental. Y sí, es cierto, incluso las máximas instancias de un país pueden equivocarse -como por otra parte es reiteradamente evidente en el caso que nos ocupa-, pero nunca deben tratar de obviar y ocultar el resultado de su incapacidad o incluso de su desidia. Mucho menos en tiempos como los que vivimos, en los que se necesita de modo perentorio incentivar en la sociedad la confianza hacia sus instituciones.