Derecho a la información

EL derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de pensamiento, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre no se entenderían hoy sin la explícita inclusión del derecho a la información contemplada en la Declaración de las Naciones Unidas. No en vano, la ausencia de libertad de información merma la capacidad de raciocinio y análisis de la que emana el control por el ciudadano de la actividad pública. El derecho a la información, la libertad de informar, es por tanto, tal y como establece la ONU, "la piedra angular de todas las libertades". Y la principal -y hasta hace poco única- herramienta para vehiculizar de manera efectiva ese derecho y en consecuencia ese control ciudadano son los medios de comunicación, responsables de que la información proporcionada posea la veracidad y la calidad necesarias para dicha supervisión de la res pública por parte de la sociedad. Cierto es que desde finales del siglo XX los intereses económicos -o ideológicos- de los propios medios de comunicación, especialmente de los grandes grupos multimedia por sus evidentes conexiones con el poder, condicionan y/o impiden la asepsia informativa. También que esta se ha visto reducida en los medios de carácter público a través de las diversas formas de presión partidaria. Pero es precisamente esa reducción de la libertad para informar y esa limitación del derecho a la información la que aconseja la protección -no el menoscabo o quebranto- de medios públicos que extremen su independencia. A través de mecanismos de control parlamentario pero también del tantas veces ignorado respeto a su labor social. El debate no está, como pretende Antonio Basagoiti respecto al ente público EITB y como se deduce de la actitud del Gobierno López, en decidir si se recorta el 11% de las aportaciones del presupuesto público y, en consecuencia, la capacidad y el derecho a la información, o a la educación y la sanidad sino en cómo generar ingresos para mantenerlos o, en su defecto, en definir áreas de recorte presupuestario que no cuestionen pilares fundamentales del Estado de derecho y el Estado de bienestar. Es parte esencial de la responsabilidad política. Lo es también eliminar la cada vez más extendida costumbre de fiscalizar la actividad de los medios y el extremado celo en cortocircuitar su capacidad crítica hasta el punto de la no admisión de preguntas en comparecencias públicas incluso en formaciones que se dicen muy progresistas y de izquierda. Una y otra actitud coartan la capacidad de informar. Y si la información que llega a los ciudadanos a través de los medios está condicionada o incompleta por interés de quien la origina o de quien la traslada, el sistema democrático acaba careciendo de la calidad imprescindible para ser así considerado. Dicho esto sin obviar la responsabilidad de los propios medios y profesionales en la alteración de la calidad informativa.