TANTO el recorrido judicial como el debate público respecto a la utilización y destino del edificio que ha albergado al gaztetxe Kukutza de Rekalde y las proporciones y detalles del desalojo de sus ocupantes, llevado a cabo ayer por la Ertzaintza, se deben contemplar desde un análisis completo que no obvie ninguna de las múltiples aristas del problema. En primer lugar, nadie puede negar, salvo que pretenda eludir la realidad, que Kukutza ha servido como equipamiento cultural y dinamizador de las actividades de Rekalde, especialmente entre la juventud, durante trece años; y que lo ha hecho con un notable éxito del que emana el apoyo social con que cuenta y posiblemente y por ello mismo también con cierta permisividad, si no aquiescencia, de las diversas autoridades. Pero, al mismo tiempo, tampoco es posible obviar que Kukutza se trasladó hace trece años, tras pasar por otros dos locales, a terrenos y edificio de propiedad privada y que los intereses de su propietario, en este caso la promotora Cabisa, están protegidos por la ley a partir del artículo 33.1 de la Constitución y a través de su desarrollo legislativo, que llevó al Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao a emitir una orden de "desalojo y auxilio para el derribo". Puede, cierto es, cuestionarse la oportunidad de dicha resolución, especialmente siendo cautelar e ignorando la muy previsible alarma social. Y apelar a las serias dudas legales -que deberán dirimirse en el recorrido judicial pendiente- sobre la misma cuando el derribo no estaba confirmado, tal y como se demostró, curiosamente apenas horas después, con la paralización por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº5 de Bilbao y también con carácter cautelar de la licencia de derribo. Puede criticarse asimismo la dualidad y contradicción de las dos vías judiciales, emprendidas por cada una de las partes. Y también es posible especular con los intereses que pueden o no acompañar la premura, enorme proporción y modos con que el Departamento de Interior que lidera Rodolfo Ares se ha apresurado a hacer efectivo el desalojo a pesar de estar pendiente la confirmación o suspensión de la demolición del edificio. Pero es preciso apuntar también que los responsables de Kukutza han rechazado la oferta del Ayuntamiento de Bilbao para trasladarse a otro edificio con subvención (también, lógicamente, control) municipal. Así como distinguir entre quienes plantearon una resistencia mayoritariamente pacífica al desalojo desde dentro y quienes fuera del edificio aprovecharon para recuperar viejos (o no tanto) modos de violencia callejera. Ni Rekalde tiene por qué perder la actividad de Kukutza ni esta debe depender o ceñirse a una ubicación específica. Mucho menos convertirse en excusa política o, peor aún, de actitudes que nada tienen que ver con la inquietud que ha impulsado su labor durante más de una década.