NO se trata de un hecho aislado sino parte de una sucesión de decisiones que no pueden justificarse en la difícil situación económica y la reducción de la recaudación como pretende la consejera Blanca Urgell. Y no pueden justificarse tanto por la inusual e ilógica incidencia de los recortes precisamente en el ámbito del euskera como por la relevancia patrimonial, cultural, social e histórica de nuestra lengua. No se trata de un hecho aislado, no. Ha sido la reducción de las subvenciones a las ikastolas de Iparralde. También la rebaja de la consideración del euskera en los perfiles lingüísticos de las ofertas de empleo público de Osakidetza de este otoño. Y el recorte en 2010 de 2,4 millones de euros en la aportación gubernamental a programas para la normalización del euskera. Ha sido la reducción del 12,3% de las subvenciones el pasado año a los euskaltegis públicos pese al aumento de matriculaciones. Y la desconsideración hacia el acuerdo con Eudel para el apoyo a los euskaltegis municipales o la anulación práctica del decreto de Derechos Lingüísticos del Consumidor que obligaba a la rotulación bilingüe en los grandes comercios. Ha sido el intento de potenciar, contra todos los indicadores sociales, el modelo A en la educación; y ha sido asimismo el empeño en eliminar el sistema de modelos educativos para implantar un sistema trilingüe sin atender a su afección a la normalización de la lengua minorizada ni las recomendaciones al respecto del Consejo Escolar. Ha sido, el tiempo, modos y resultado de la remodelación del Consejo Asesor del Euskera y la intención de no exigir el PL2 al profesorado en las ofertas públicas de Educación. Y ha sido, en lo que se refiere al Instituto para la Euskaldunización y Alfabetización de Adultos HABE, la reducción de subvenciones y el nombramiento político y sin consultar al patronato del director del mismo antes de este último recorte a la mitad de las subvenciones a la matriculación en sus cursos, lo que afectará a veinte mil alumnos de los euskaltegis homologados y municipales. Es, en definitiva, la evidente despreocupación del Gobierno López respecto al euskera y su utilización, especialmente sangrante en los departamentos que dirigen Isabel Celaá y la propia Urgell pero extensible a todas y cada una de las áreas del Ejecutivo incluyendo a quien lo preside. No, no es un hecho aislado ni se trata de un problema de recursos económicos. Tal cúmulo de despropósitos contra todas las recomendaciones internacionales respecto a la protección de idiomas minorizados precisamente cuando el euskera tras siglos de colonización cultural comienza a invertir la tendencia a la desaparición que hace tres décadas parecía inevitable, sólo puede ser fruto de una calculada actitud política que margina a nuestra lengua en la pretensión de homogeneizar a Euskadi dentro del Estado.