LA decisión del Gobierno López de endurecer el acceso a las ayudas sociales ha soliviantado a una buena parte de la opinión pública y a colectivos sociales que vislumbran un escenario de mayor desprotección para una parte de la ciudadanía cuya inserción social es cada día más complicada vista la duración y la crudeza con la que se está manifestando la actual crisis económica. A tenor de las posiciones políticas defendidas por las formaciones vascas en este asunto, el hecho de que el PSE haya terminado incorporando el discurso de sus socios populares evidencia la debilidad del partido de Patxi López a la hora de hacer valer sus proyectos, incluso los que podrían considerarse "progresistas" y "de izquierdas", como es el de la protección a sectores desfavorecidos. En este sentido, resulta llamativa la evolución de la propia consejera Gemma Zabaleta, quien ha pasado de ser una abanderada de los derechos sociales cuando el PSE estaba en la oposición, a confesar sentirse "orgullosa" del acuerdo alcanzado con el PP por haber frenado las pretensiones de los populares de elevar hasta cinco años de empadronamiento el margen para poder acceder a estas ayudas. Finalmente, el límite ha quedado establecido en tres cuando antes era un año de empadronamiento, lo que abre la posibilidad de que un buen número de inmigrantes, en una coyuntura de paro como la actual, terminen engrosando las bolsas de la exclusión. O que otros beneficiarios terminen sin poder garantizar unas condiciones de vida mínimamente dignas ya que son personas mayores las que engrosan las listas de los perceptores de estas ayudas. El principio que hasta ahora se mantenía inalterable de destinar fondos públicos para amortiguar las diferencias sociales y evitar así el peligro de la marginación ha quedado roto con esta reforma de la Ley de Garantía de Ingresos. Hace apenas un año Gemma Zabaleta se enfrascó en una revisión general de los 88.000 perceptores de ayudas sociales con el aparente objetivo de atajar el "fraude" que parecía creciente. Pero por mucho que se haga énfasis en el supuesto "fraude" -curiosamente, el mismo argumento que justificaría la propuesta de reforma fiscal realizada por el propio Patxi López-, la realidad es que se ha dado paso a una propuesta de recorte puro y duro, y lo peligroso de este paso es que sus consecuencias -además de echar por tierra el trabajo realizado por todas las instituciones durante años- pueden ser imprevisibles. No es posible desligar este recorte social de Zabaleta de la proximidad de unas elecciones. Sobre todo, cuando se utilizan argumentos tan demagógicos como el de la lucha contra el "fraude", que siempre son una red pelágica para pescar votos, y se hace sin consenso alguno, ni de los demás partidos -salvo su socio- ni de los colectivos afectados o que trabajan contra la exclusión.