EL desarrollo de la herramienta informática para crear el expediente único que aglutine toda la información y peculiaridades de cada víctima, el impulso a los mecanismos de localización, tanto de las víctimas como de sus agresores, o la búsqueda de la coordinación interinstitucional que se pretenden desde la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Gobierno vasco o, en otro plano, la nueva campaña de sensibilización y prevención puesta en práctica por el Ministerio de Sanidad español bajo el lema "No te saltes las señales, elige vivir" son seguramente tan imprescindibles en la lucha contra una de las mayores lacras de nuestra sociedad, la violencia machista, como insuficientes para erradicarla. No se trata de cuestionar la manifiesta oportunidad de las medidas ni de la campaña, sino de valorar la eficacia y presteza con la que estas se trasladan posteriormente a la realidad cotidiana de las víctimas y a la cultura social que tantas veces ignora un drama que sólo durante este año se ha cobrado la vida de 45 mujeres en el Estado español y cinco en Hego Euskal Herria. Baste como ejemplo que ese expediente único sigue aún pendiente de culminar su desarrollo dos años después de que en 2009 todas las instituciones vascas, el Consejo General del Poder Judicial, la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y los consejos vascos de la medicina y la abogacía firmaran un acuerdo para reforzar la coordinación en la protección de las mujeres amenazadas. O que el reparto de herramientas telemáticas de localización es aún limitado y no cumplimenta en toda su extensión el capítulo IV de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en vigor desde hace seis años y nueve meses. Y tal vez sea cierto, como afirma la directora Mariola Serrano, que la evaluación del riesgo es policial y deben ser la justicia y los cuerpos policiales quienes determinen el alcance de las medidas de protección en cada caso, pero también que esa evaluación y la influencia de la coordinación institucional en ella es muy limitada cuando en los primeros seis meses del año se han producido 434 imputaciones por quebrantamiento de alguna de las 1.745 órdenes de alejamiento dictadas en la CAV. Por no entrar en los casos en los que las mujeres amenazadas ni siquiera logran el aval judicial a esas medidas protectoras. En el fondo, todos esos bienintencionados intentos de amparar a la víctima y detener a la bestia violenta del machismo son tratamientos que palían en alguna medida los efectos evidentes y dramáticos de una enfermedad extendida cual metástasis en las diferentes sociedades y culturas, la desigualdad de género, pero necesitan del aporte constante de la educación y la visibilización para acabar con ella. Y es ahí, como demuestran los estudios sobre el comportamiento de la juventud en cuestión de género, donde la labor es aun más ingente y urgente.