La protesta llevada a cabo ayer (el mismo día que se cumplían seis meses del tsunami que provocó en Fukushima uno de los accidentes nucleares más graves de la historia) en Burgos por un millar de personas empeñadas en conseguir el cierre de la central nuclear más antigua del Estado español, la de Garoña, vuelve a poner de actualidad una cuestión que a buen seguro se avivará en las próximas semanas ante la proximidad de las elecciones generales del 20 de noviembre. La ciudadanía vive la mayor parte de sus días ajena al complejo y trascendente debate nuclear -mejor no pensar en ello-, aunque es creciente el sentimiento contrario al uso de esta fuente de energía, sobre todo a raíz de las graves consecuencias que tuvo el accidente en la central japonesa como consecuencia de un terremoto y la ola gigante posterior. Algunos países hasta ahora defensores de las centrales nucleares como Francia y Alemania (sobre todo Alemania) ya han anunciado un decidido descenso en la dependencia de este tipo de energía ante la evidencia de que cualquier teoría tranquilizadora se deshace en pedazos cuando la naturaleza se empeña en demostrar su poder, ya sea en el primer o en el tercer mundo. Los beneficios de la energía nuclear son conocidos y aireados por todos sus defensores -energía más barata y rentable-, pero los problemas que origina en caso de fallo o accidente se antojan tan graves que se hace necesaria una postura clara por parte de los partidos políticos cuando apenas faltan un par de meses para la cita con las urnas. El Gobierno del saliente Rodríguez Zapatero se mantuvo en el poder hace menos de cuatro años con el cierre de Garoña y la apuesta por energías más limpias como banderas electorales. Con posterioridad, concedió a la central burgalesa una prórroga hasta 2013 con la intención de retrasar la polémica al menos una legislatura más. Aunque el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha insistido por activa y por pasiva que Garoña bajará la persiana de forma irremediable en 2013, la patata caliente pasará al próximo Gobierno, aún no se sabe si presidido por Rajoy o Rubalcaba. El primero se ha posicionado más de una vez del lado del lobby nuclear y de la prórroga de la vida de Garoña; el segundo aún no se ha pronunciado. En todo caso, los persistentes activistas contrarios a la central -son ya 32 años de protesta ininterrumpida- les recordaron ayer a ambos que no caben más prórrogas para una central idéntica a la de Fukushima que ya ha sobrepasado todos los plazos establecidos para su cierre. Sin embargo, parece que los partidos políticos intentarán eludir la cuestión hasta después de los comicios, amparados en la crisis -no hablan de otra cosa que no sean impuestos y empleo- y quizá asustados ante las repercusiones económicas que supone el prescindir de una fuente energética absolutamente amortizada. Sin embargo, es hora de que aclaren definitivamente su postura sobre esta cuestión, mejor si es antes del próximo accidente.