LA aplicación del rodillo parlamentario por parte del PSOE y el PP tanto para aprobar la reforma constitucional e incluir un límite al déficit público como para obviar las aportaciones de los grupos minoritarios, especialmente las de los nacionalistas, y expresamente para impedir el debate de las enmiendas presentadas por estos en torno al derecho de autodeterminación y/o para iniciar una relectura que ampliara la interpretación restringida que se ha venido realizando de ciertos aspectos del texto constitucional sitúa en los dos partidos que se alternan en el gobierno del Estado una doble responsabilidad. En el ámbito meramente político -o ideológico- y en base a todo lo anterior, socialistas y populares han confirmado que comparten una visión centralista y unitaria del Estado, limitadora del autogobierno que el denominado bloque constitucional permite y en las antípodas del federalismo que los socialistas defendían en el inicio de la transición y que el propio José Luis Rodríguez Zapatero llegó a esbozar en su primera legislatura. Su actitud contrasta, por ejemplo, con la de Alemania, donde una reforma constitucional similar solo se acordó tras dos años de consultas y negociaciones entre el Ejecutivo federal y los länder. PSOE y PP, por tanto, comparten también la responsabilidad del ensanchamiento de la distancia ya existente entre las nacionalidades históricas y el Estado que pretende albergarlas -o constreñirlas- y de la inclinación, cada vez más evidente tanto en Euskadi como en Catalunya, de sus sociedades hacia una paulatina separación justificada en la ruptura del consenso con que se diseñó el Estado autonómico. El hecho de que la reforma forzada por PSOE-PP contara ayer en el Congreso con menos apoyo que la propia Constitución hace 33 años lo ratifica. Pero hay además otro ámbito de responsabilidad, el socio-económico, que tanto el partido que previsiblemente abandonará el Gobierno español el 20-N como el que aspira a ocuparlo comparten. En primer lugar, porque constitucionalizar el límite del déficit condicionará la inversión pública, los servicios sociales y el alcance del estado de bienestar -a partir de 2020 con un límite fijado en 2012- tanto en fases recesivas como en épocas de crecimiento económico, volviendo a cargar sobre la ciudadanía la resolución de los errores y abusos de una minoría. Y en segundo lugar porque a pesar de ello la reforma constitucional ni garantiza herramientas añadidas a la economía estatal ni tan siquiera calma la presión de los mercados. Que el mismo día en que PSOE y PP aprobaban en el Congreso la reforma del art. 135 con la excusa de ayudar a superar la crisis de deuda, el diferencial de la prima de riesgo española volviera superar los trescientos puntos -comenzó la semana por debajo de los 270- no hace sino confirmar que la reforma es inane en lo económico como excluyente en lo político.