LA coincidencia en el tiempo, curiosamente en el mes de agosto, de la polémica desatada por el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba al plantear la desaparición sin distingos de las diputaciones, de la reforma constitucional pactada por PSOE y PP que a través de la limitación del déficit de las administraciones públicas restringe también las capacidades financieras y fiscales que competen a los gobiernos de los Territorios Históricos y cuestiona el autogobierno vasco; y finalmente de la presentación por el Ejecutivo que preside Patxi López de un proyecto de Ley Municipal que, hasta donde se conoce y en el caso de ser aprobado, traspasaría parte de las atribuciones forales a los ayuntamientos se antoja en realidad la traslación a estos inicios del siglo XXI del intento de eliminar las especificidades del derecho foral vasco que ya en el siglo XIX se trató de imponer a través de un derecho constitucional centralizador de nueva creación apoyado en un sistema parlamentario de muy escasa representación territorial. Que dicha desforalización se pretenda ahora desde el socialismo, incluido el socialismo vasco, que ya en sus inicios mostró frente al derecho foral las mismas tiranteces que reflejaría luego durante el proceso constituyente de 1978; no es seguramente casual a pesar de la inclusión en la Carta Magna aprobada entonces del "respeto y amparo" a los derechos históricos de la Disposición Adicional y de la Derogatoria Segunda que declara eliminadas las restricciones a la foralidad aprobadas por las Cortes españolas en 1839 y 1876. Porque la textualidad constitucional del derecho foral no iba a impedir después su interpretación cicatera ni que se haya procedido a un paulatino y ahora, como en la segunda legislatura de Aznar, acelerado proceso de restricción de sus efectos prácticos. En el desarrollo del mismo, el papel que, por acción y omisión, representa en estos momentos el socialismo vasco, también desde el Gobierno López, sería apenas novedoso; tanto por sus antecedentes históricos como porque se asemeja al que desarrolló un sector relevante de la sociedad catalana durante la Segunda República al considerar las disposiciones constitucionales semejantes a las de las leyes catalanas como una mera limitación de estas últimas, aunque en el caso socialista se produzca por mera alineación ideológica -el constitucionalismo español- y obediencia partidaria en lugar de por intereses económicos particulares. En definitiva, se intenta recortar mediante una elaboración legislativa sin participación de la sociedad vasca el sistema de autogobierno que los ciudadanos vascos sí aprobaron en su día, precisamente cuando estos abogan mayoritariamente por la superación de ese marco. Quizás como cortafuegos a esa demanda que, sin embargo, las instituciones y representantes políticos de nuestro país deben encauzar.