LA intención del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero de suspender durante al menos dos años, prorrogables a un tercero, el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores -"...los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, (...) con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, (...) adquirirán la condición de trabajadores fijos"- que limitaba la concatenación de los contratos eventuales no solo rompe el acuerdo alcanzado hace apenas cinco años con las centrales sindicales, sino que confirma la errática e incoherente política en materia de empleo del Ejecutivo socialista ya que contradice el espíritu y la letra de la reforma laboral planteada por este hace menos de un año. Si en setiembre de 2010, el Gobierno Zapatero -y el Ministerio de Trabajo dirigido entonces por Celestino Corbacho- presentaba la reducción de la contratación temporal como uno de los efectos beneficiosos de la aprobación de la última reforma laboral, ahora el mismo ministerio, aunque bajo la dirección de Valeriano Gómez, pretende ampliar de manera indefinida el periodo de renovación de los contratos eventuales, quizás tras constatar que la reforma ha sido un fracaso también y sobre todo -nueve de cada diez contratos suscritos el último año han sido temporales- en su pretendida lucha contra la eventualidad. En otras palabras, el Gobierno Zapatero ha sido capaz de plantear una medida y la contraria en menos de un año y si aquella no logró paliar, mucho menos evitar, la precariedad laboral, esta parece encaminada a perpetuarla en una demostración ya evidente de que es la incongruencia quien tiene contrato fijo en la política gubernamental en materia de empleo. Pero, siendo harto preocupante que un gobierno cambie radicalmente de orientación en política laboral en apenas once meses es aún más grave que ese drástico giro pueda servir para un aumento de la inestabilidad laboral, también de la que afecta al sector social más perjudicado por el paro y el empleo precario, la juventud, a través del nuevo contrato de formación que en la práctica -ampliación hasta los 30 años y limitación al 75% de la jornada laboral (y por tanto del sueldo mínimo) con supresión de cotizaciones- abre la puerta a la sustitución de un contrato completo, temporal o no, por otros parciales con menor retribución y menos costes. Y sería indecoroso que ambas modificaciones se presenten al Consejo de Ministros del viernes con el único fin de maquillar las cifras del paro durante los próximos meses -y paliar la recaída del desempleo prevista para otoño- por mero interés electoral de cara al 20-N aun a expensas de condicionar las características del mercado laboral a medio-largo plazo.
