LA actuación de los poderes públicos -de todos ellos- en una democracia debe estar regida por principios básicos irrenunciables para la consecución de sus objetivos, que no son otros que el interés general de la sociedad. De hecho, la Constitución de 1978 establece en su artículo 103 que "la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho". Eficacia y respeto a la ley son, en este sentido, los ejes sin los cuales no tiene sentido un procedimiento plenamente democrático. Estos principios tienen carácter general, pero existen ámbitos en los que su estricto cumplimiento debe, si cabe, extremarse. Se trata de cuestiones de alta sensibilidad social, delicadas, en las que la garantía del ejercicio y respeto de los derechos de los ciudadanos debe realizarse con metódico y escrupuloso respeto a la ley. Es el caso de las actuaciones que engloba un departamento como el de Interior, que, por definición, se ocupa de las políticas que tienen como objetivo el mantenimiento del orden público, la seguridad y la paz social. Sin embargo, en los últimos años en Euskadi -periodo que coincide con el mandato de Patxi López en la Lehendakaritza y de Rodolfo Ares en Interior-, algunos de estos principios se han puesto en cuestión en la actuación del Departamento, algo que se ha recrudecido aún más, si cabe, con la llegada a la Viceconsejería de Seguridad de Miguel Buen, a la que llegó tras su fracaso en las pasadas elecciones como candidato del PSE a diputado general de Gipuzkoa. La política denominada de tolerancia cero contra la izquierda aber-tzale amparada bajo la cuestionable teoría del todo es ETA ha provocado actitudes, decisiones y órdenes que, en algunos casos, vulneran los fundamentos jurídicos que deben regir su actuación, quebrando derechos ciudadanos. DEIA publicó el pasado miércoles una información contrastada en la que se reflejaba el malestar dentro de la propia Ertzaintza por estas actuaciones arbitrarias y sin base jurídica o que desatendían la amplia jurisprudencia de los tribunales. Aunque tanto Buen como Ares desmintieron la información, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) se encargó ayer no solo de confirmarla, sino de propinarles un severo rapapolvo al anular una orden del viceconsejero por no estar motivada, al tiempo que afea su actitud. Es absolutamente cierto que sectores de la izquierda radical abertzale tratan de aprovechar con harta frecuencia las fiestas populares o acontecimientos con gran afluencia de personas para exteriorizar sus reivindicaciones, aunque no vengan a cuento. Pero ello no obsta para que quien debe velar por la seguridad, el bien público y los derechos ciudadanos deba cumplir escrupulosa y responsablemente con la ley. Ares y Buen deben tomar buena cuenta de ello.