LA reunión del Consejo de ministros de Interior de los 27 países miembros de la Unión Europea con el fin de analizar la reforma del Tratado de Schengen que, en su caso, deberá dirimir el Consejo Europeo de junio; reafirma públicamente la defensa del libre movimiento de personas por territorio de la UE, pero es en realidad el primer paso para reducirla. El Consejo no solo ha mantenido un absoluto silencio sobre las iniciativas en esa dirección de Francia primero (espoleada por Italia) y Dinamarca después, sino que acepta analizar las condiciones de la reintroducción de los controles fronterizos que el propio Tratado de Schengen ya contempla en casos excepcionales, lo que solo puede derivar en una ampliación de su casuística y/o en un aumento de la potestad de los estados para hacerla efectiva. Es decir, relativizaría la que hasta la fecha es la principal herramienta, y el principal éxito, de la integración europea y supone en la práctica la devolución de un porcentaje, siquiera inicial, de la soberanía que los estados cedieron en su día a la UE. La pretensión de justificar dicha revisión en el aumento de la inmigración ilegal -en ella y en la criminalidad extranjera han fundamentado Francia y Dinamarca las dos iniciativas que han llevado a la UE a este punto- tampoco responde a la realidad: el número de ilegales dentro de las fronteras de la Unión, según cifras de la propia Comisión Europea, no alcanza los cinco millones, es decir, el 0,9% del total de la población cuando en el Estado español, uno de los más afectados por ese fenómeno dentro de la UE, supera el 7%. Sin embargo, en la previsible reforma del Tratado de Schengen (además de Francia y Dinamarca, al menos Alemania, Holanda, Austria e Italia la apoyan) sí subyacen la animosidad y los encontrados intereses de los Estados y la xenofobia, dos fenómenos que han permanecido latentes en Europa y que fueron precisamente aquellos contra los que surgió la idea la integración desde que en 1947 se crearan en Chaudfontaine (Bélgica) los Nuevos Equipos Internacionales -con la participación del lehendakari José Antonio Aguirre y de Francisco J. de Landaburu- que dieron paso, tres años después, a la Declaración de Schuman, germen de la Unión. Que el detonante de la polémica franco-italiana y el debate europeo fuera una decisión del ministro de Interior italiano, Roberto Maroni, pilar de la xenófoba Liga Norte en la que se apoya Berlusconi; y la creciente amenaza para Sarkozy del Frente Nacional de Marine Le Pen y en el caso danés lo haya sido el ultraderechista y antieuropeo Dansk Folkeparti (DF, Partido Popular Danés) de Pia Kjaersgaard, no es baladí. Europa se asoma a una regresión que, apoyada en los efectos de la crisis económica y la permisividad de una Comisión escorada al ultraliberalismo, amenaza con devorar los principios que la alumbraron y los derechos que se asentaron en ella a mediados del siglo pasado.