LA asunción de una responsabilidad pública, ya sea esta la de representar a la sociedad en la tarea de legislar, es decir, de dotarla de las leyes que la modelan y desarrollan o, a resultas de haber sido elegido para esa tarea, la añadida de gobernarla haciendo cumplir y poniendo en práctica dichas leyes; supone al mismo tiempo e indefectiblemente la admisión de los deberes inherentes a ese desempeño, que incluyen el mismo cumplimiento de las leyes incluso si no se han impulsado o hasta si privadamente podrían ponerse en cuestión. También el del escrupuloso cuidado en evitar la utilización particular de las posibilidades que la labor pública ofrece. Dicho principio es, en realidad, consustancial e inseparable a la buena práctica de la democracia, entendida esta como evolución del derecho natural básico que planteó ya hace más de dos siglos Thomas Jefferson y la consideración de que quien asume un cargo público no solo no puede considerarlo de su propiedad sino que debe considerarse a sí mismo propiedad pública, es decir, perteneciente a todo el pueblo, quien posee la potestad, jurisdicción y autoridad sobre el cargo pero también sobre quien ha elegido para que lo ostente. Sin embargo, la administración del Gobierno lleva en ocasiones a malinterpretar esa separación entre lo público y lo privado y también a entender el ejercicio de representación pública como una mera administración del poder y de las oportunidades que este ofrece, del mismo modo que en determinados casos la prolongada permanencia en cargos públicos lleva al error, consciente o inconsciente, de asumir en persona las atribuciones que pertenecen a dicho cargo. No hace tanto, las instituciones europeas han soportado un agrio debate y una acerada crítica de la opinión pública, que aunque equivocadamente y por extensión ha llegado a cuestionarlas, como consecuencia de lo que se entiende como malas praxis en las labores de representación pública. De modo similar se antoja que el cobro por el juntero en Bizkaia y parlamentario en Gasteiz, José Antonio Pastor, de las dietas mensuales de kilometraje de ambas instituciones pese a realizar los desplazamientos en coche oficial por motivos de seguridad y pese a haberse ausentado en innumerables ocasiones de las Juntas Generales por la incapacidad para compatibilizar ambas funciones o la no asistencia de, entre otros, Borja Samper (PP), a la comisión de Industria del Parlamento Vasco que él mismo, como presidente de la citada comisión, había convocado por encontrarse a esa hora en un acto electoral de su partido ignoran también la diferencia entre lo privado y los deberes del ámbito público y entienden la representación que les ha encomendado la sociedad como una mera administración del poder y de las oportunidades que este ofrece, lo que, en definitiva, no es sino la malversación de los principios y deberes básicos que desde hace más de dos siglos se atribuyen a la democracia.
