TREINTA años después de la conspiración, el asalto al Congreso por cuatrocientos miembros de la Guardia Civil bajo las órdenes del teniente coronel Antonio Tejero y la rebelión de la Tercera Región Militar al mando del teniente general Jaime Milans del Bosch, quien llegó a sacar los tanques a las calles de Valencia y a decretar el estado de excepción, las claves del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 se han mantenido en una interesada nebulosa con numerosas incógnitas que dejó pendientes el conocido como Juicio de Campamento, pleno de actuaciones extrañas incluso dentro de la tradición de la justicia militar en España. El hecho de que sólo ahora, tres décadas después, la Mesa del Congreso haya decidido hacer públicas las actas sobre el asalto elaboradas a posteriori (marzo de 1981) por los entonces secretarios del Congreso da una idea del secretismo que ha rodeado todo lo relacionado con el golpe de Estado, incluyendo el reparto de indultos y exenciones de pena a los treinta condenados por la intentona, la identidad del "Elefante blanco", nombre que se dio al principal y al parecer anónimo promotor de la misma; el alcance de la probada intervención del Cesid -cuyos dos archivos sobre el 23-F siguen sin desclasificarse- y el papel ejercido antes y durante las siete horas de toma del Congreso por el rey Juan Carlos I, quien mantenía relaciones más o menos estrechas con las principales figuras de la conspiración, tanto en la trama militar como en la nunca suficientemente investigada trama civil del golpe que, según diversas fuentes contrastadas, incluía a miembros de los principales partidos del Estado. Se trata, como se puede comprobar, de interrogantes de gran trascendencia entonces y también hoy, cuando se cumplen treinta años exactos de la irrupción armada en el hemiciclo, pues afectan a las principales instituciones del Estado, es decir, a la propia legitimidad del desarrollo político posterior al estar la intentona golpista y su resultado íntimamente ligados a la restricción, o si se prefiere a la involución, del sistema político pactado en los acuerdos políticos de la Transición anteriores a aquel 23-F, especialmente en el ámbito de la descentralización autonómica y el reconocimiento de los hechos diferenciales y los derechos históricos, a través de la fallida Loapa y la efectiva posterior loapización, e incluso en el de algunos ámbitos tangentes a las libertades individuales. Sin olvidar que entre los motivos -o entre los pretextos- esgrimidos de todo ese desarrollo de los acontecimientos, involución incluida, se encuentra la extrema virulencia de la actividad de ETA en los meses anteriores, ya entonces excusa perfecta de la inmutable unidad del Estado en torno a la monarquía para cercenar aspiraciones de la mayoría social y, en el caso concreto de Euskadi, de sus aspiraciones nacionales.