Las urgencias de una ponencia insólita

lA ponencia parlamentaria puesta en marcha en la Cámara vasca para evaluar la trayectoria del Museo Guggenheim Bilbao con vistas a la renovación del acuerdo entre las administraciones vascas y la Fundación neoyorkina celebra hoy su segunda sesión en la que se analizarán las propuestas de comparecencia presentadas por los grupos parlamentarios. En este sentido, ha llamado la atención -con mucho de sobreactuación interesada- en algunos sectores la decisión del PNV de no solicitar comparecencia alguna ante esta ponencia, con el objetivo de poner de relieve las evidentes contradicciones y la posible utilización de este instrumento parlamentario. En teoría, la ponencia se ha constituido con el objetivo de marcar las pautas para que las instituciones vascas aborden una "más provechosa y positiva renegociación" del acuerdo que mantienen las instituciones de Euskadi con la Fundación Solomon R. Guggenheim, según reza la resolución del Parlamento. Lo que sorprende sobremanera es que esta ponencia se constituya nada menos que cuatro años antes de que ese acuerdo que marca el modelo de gestión del museo bilbaino finalice su vigencia, fechada en diciembre de 2014. Como a nadie se le escapa -y menos aún a los impulsores de la ponencia, es decir, a los socialistas-, para entonces, y tras unas elecciones, habrá otro Parlamento con otra composición, otras mayorías y otras alianzas y será otro Gobierno, junto con la Diputación de Bizkaia, los que deban, en todo caso, abordar esta cuestión. Es decir, que esta ponencia pretende poner deberes a un Gobierno que está por venir para un tema que supera esta legislatura y que las próximas instituciones tendrán nada menos que año y medio para analizar, evaluar, discutir y acordar. ¿A qué se debe, entonces, esta urgencia, que no tiene precedentes en el Parlamento? Evidentemente, a las prisas del PSE, que quiere acomodar todas las decisiones a sus propios ritmos. Los socialistas ya han dejado claro por activa y por pasiva que no les gusta el acuerdo con la Fundación Guggenheim, ni el propio museo. De esta manera, además, se dedica tiempo y dinero -deberán aclarar cuánto- a un asunto de la próxima legislatura sin cumplir los compromisos legislativos del propio Gobierno López. No hay que olvidar que existen tres leyes que el propio Ejecutivo ha considerado muy importantes en el marco de su Contrato Ciudadano por las Culturas, pero no se ponen en marcha. A ello se une que la gestión del Guggenheim corresponde al Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia y a una serie de patronos privados, que toman decisiones estratégicas de forma colegiada y a quienes ni siquiera se ha consultado su visión. En definitiva, la ponencia es un claro desaire al Gobierno, la Diputación y los patronos privados, con quienes ni siquiera se ha contrastado su puesta en marcha.