LA adjudicación por la SPRI, sociedad dependiente del Gobierno vasco, del contrato para desarrollar la campaña de marketing de Metaposta -servicio de caja fuerte o buzón en internet puesto en marcha por Lakua para que los ciudadanos puedan recibir y almacenar documentos en la red- a la empresa Imagen y Difusión Publicitaria S.L., estrechamente relacionada con el responsable de contratación de publicidad del Ejecutivo, Oscar Gil, constata de nuevo una forma de proceder ya repetida en el Gobierno presidido por Patxi López y que desmiente de modo evidente aquella exigencia de "bolsillos de cristal" que públicamente realizó el propio López a los cargos de su administración. Baste recordar, como ejemplo, los antecedentes de las adjudicaciones de Osakidetza a empresas relacionadas con Pablo Arbeloa López cuando éste era gerente de Osatek tras ser designado personalmente por el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, quien a su vez también había mantenido relaciones, directas o indirectas, con las adjudicatarias. O la inesperada y cuestionada inversión de 3,5 millones de euros en una productora madrileña de la que es consejera la hermana de Antonio Basagoiti, socio preferente del Ejecutivo López. O los numerosos nombramientos de familiares de altos cargos socialistas en puestos de responsabilidad del Gobierno o de empresas participadas por éste, como en el caso de Melchor Gil, hermano de la esposa de López, Begoña Gil, como responsable comercial de Ibil. En todos ellos, el gobierno socialista ha podido aferrarse al clavo ardiendo de la estricta y textual lectura de la legalidad, aun a pesar de la evidencia de que son éticamente inaceptables y políticamente reprobables, características que se repiten en la adjudicación del contrato de marketing de Metaposta. No se trata de que Oscar Gil fuera apoderado de la firma adjudicataria exactamente hasta un día -o quince, como esgrime el propio Gil- antes de que ésta resultara beneficiada por la adjudicación del contrato por un millón de euros. O que la empresa haya trabajado para otras instituciones o hubiera sido anteriormente la responsable de la contratación de espacios publicitarios en los medios de comunicación en las campañas electorales del PSE. Aun cuando cada una de esas peculiaridades bastaría para considerar también esta contratación reñida con la moralidad que se exige entre los principios de las licitaciones y las contrataciones públicas e incluso con la exigencia de la libre competencia, la repentina separación de Gil de la empresa, el extraño proceso concursal, la inopinada concesión del contrato y, sobre todo, la reiteración de las adjudicaciones a empresas afines o cercanas a miembros del Ejecutivo confirman el desdén de éste no sólo por la transparencia sino también por el interés general en la inversión pública.