cUANDO el inacabado debate en torno a la Memoria Histórica quedó desactivado por una tímida legislación que no ha contentado a nadie -y menos a la parte de la población que quedó ideológica y físicamente arrasada por el bando vencedor- y por las limitaciones de facto que han impedido un papel activo de la Justicia en la búsqueda de los desaparecidos, un nuevo drama vuelve a recordar lo endeble de los cimientos con los que se pretendió erigir una democracia que negaba una revisión crítica de su propio pasado. La desaparición de miles de niños y niñas durante el franquismo, y no solo durante esos negros decenios, supuso uno de los capítulos más siniestros de la dictadura por lo que suponía de práctica sistemática de desmantelamiento de las unidades familiares del bando rojo o separatista. El ideólogo de esta doctrina fue el especialista militar Antonio Vallejo-Nájera, que dirigía los Servicios Psiquiátricos del Ejército franquista, y sus argumentos sobre la superioridad de la raza o la necesidad de que esos niños no se vieran contagiados por la ideología de sus madres dieron siniestra cobertura al secuestro sistemático de recién nacidos arrancados de sus familias con engaños, hechos que también vivieron de cerca numerosas familias vascas, como revelan los casos denunciados. Tras años de obligado silencio, ha sido dramático comprobar que estas prácticas, que se iniciaron en los años sesenta y setenta, se llegaron a prolongar hasta bien entrados los ochenta, ya como un negocio no ya solo ilegal, sino profundamente inmoral pese a que se hizo con participación, en muchos casos, de personas pertenecientes a la Iglesia católica. De ahí que represente un sufrimiento vivo y cercano para muchas familias cuyos testimonios ha ido relatando DEIA, como en las páginas de hoy en las que cinco mujeres relatan cómo siguen indagando sobre el paradero de sus seres queridos. Lo que eran hechos aislados se ha convertido en un denuncia colectiva de cientos de familias que esperan ahora el amparo de los tribunales para esclarecer el paradero de sus familiares. Recuperar la verdad, recomponer aquellas familias y cerrar las heridas es una tarea que conllevará mucho sufrimiento. Mientras, la Justicia analiza cada caso por separado tras haber rechazado la Fiscalía General del Estado la denuncia colectiva de las familias. En el caso de Euskadi, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, ha dado un paso importante al asegurar que se investigarán todos los casos, lo que indica -o debería indicar- que se impulsarán las averiguaciones en los tres territorios. Mientras, sin embargo, las instituciones no han pasado de ofrecer apoyo y ayuda psicológica a los posibles afectados. Es lo menos que podrían hacer, pero no, desde luego, lo suficiente.