LA puesta en marcha de una campaña publicitaria de incentivación al comercio por el Departamento de Industria del Gobierno que preside Patxi López en las dos semanas centrales de marzo mediante el sorteo de cheques de compra por un monto de medio millón de euros -a los que habría que añadir otro medio millón de coste y gestión de la propia campaña- ofrece dos aspectos altamente cuestionables tanto en parámetros del propio rendimiento último de la misma como de la oportunidad de realizarla en los últimos días hábiles para publicidad institucional antes de iniciarse el proceso electoral de las elecciones municipales y forales de mayo. De hecho, la campaña puesta en marcha por la dirección de comercio dependiente de la viceconsejera Pilar Zorrilla agota el plazo estipulado en el artículo 11.2 de la Ley 6/2010 de 23 de diciembre de publicidad y comunicación institucional -una de las únicas tres que ha sacado adelante el Ejecutivo-, conocida también como "de autobombo" y aprobada en el Parlamento Vasco con el apoyo exclusivo de PSE, PP y UPyD, por cuanto tiene previsto su fin el día 26 de marzo, sábado, y el plazo acaba el día 28 de marzo, lunes, en que se publicará el decreto de convocatoria de las elecciones. En otras palabras, el Ejecutivo socialista repartirá mediante sorteo medio millón de euros de las arcas públicas para compras particulares en las dos semanas previas al periodo electoral lo que, aun a pesar de cumplir los plazos legales, cuestiona su oportunidad desde el punto de vista del escrúpulo ético que debe acompañar a toda acción de gobierno. Pero, además, podría incluso cuestionarse si la campaña publicitaria de la Dirección de Comercio realmente cumple la ley o, por el contrario, contradice el artículo 4.4 de la misma -"las campañas institucionales se ajustarán siempre a las exigencias derivadas de los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto"- al menos en cuanto a la eficiencia, la austeridad y la eficacia. Porque incluso el rendimiento de la misma en la recuperación del consumo y, por tanto, del sector comercial vasco es más que dudoso. No sólo porque las medidas de simple subvención, usadas profusamente por otro gobierno socialista, el de Rodríguez Zapatero, se han mostrado ineficaces salvo en una cuestión de imagen para quien las anuncia, sino porque restan capacidad inversora en apoyos estructurales al sector, cuyo alivio es poco más que momentáneo -el medio millón de euros apenas supone el gasto medio anual de 50 personas, según el Diagnóstico del Comercio Minorista del propio gobierno- incumpliendo así los objetivos, ejes y programas del Plan de Adaptación del Comercio 2015 que el mismo consejero Unda presentó en abril del pasado año y que incidía en la innovación y el desarrollo estratégico del comercio vasco.
