LA izquierda abertzale radical cumplió ayer, en la exposición pública para adelantar los estatutos del nuevo partido que presentarán mañana en Madrid, los tres requisitos previos especificados por el Tribunal Supremo en el auto que ilegalizaba en 2007 a Abertzalen Sozialisten Batasuna y que en realidad se concatenan en solo uno: que el nuevo partido "no constituya una continuación o sucesión de los partidos ilegales y disueltos", que para no ser considerado así "pesa sobre sus promotores la carga de desvirtuar esos indicios mediante una actitud de condena o rechazo del terrorismo" y que las posibles dudas al respecto sólo quedarían despejadas con "una expresión clara de rechazo a una determinada manifestación de la violencia, la llevada a cabo por la organización ETA". En otras palabras, el rechazo a la violencia de ETA -que siempre según lo expuesto por Iñigo Iruin es explícito hasta en tres ocasiones en los estatutos de la nueva formación y se evidencia en muchos otros pasajes de los mismos- se constituye en motivación suficiente para eliminar la consideración de formación sucesora de las ilegalizadas y, por tanto, al no darse sucesión y cumplir los estatutos con los principios legales y democráticos exigidos, no ha lugar al veto de su actividad, tanto política como electoral. Hasta ahí, caben dos apreciaciones. Por un lado, demasiadas décadas después la izquierda abertzale radical se ve obligada a reconocer no sólo el evidente desvarío ético del camino elegido y en el que se empeñó en 1977 -también a través de su "deseo de contribuir al reconocimiento y reparación a todas las víctimas"- sino asimismo su histórico error estratégico -que acepta al sustituir el enfrentamiento maximalista por el "trabajo con otros sectores políticos, sindicales y sociales generando mayorías democráticas"- y, al mismo tiempo, a admitir el sistema como ecosistema político al introducirse en él siquiera con el objetivo de cambiarlo. Y, por otro lado y en consecuencia, que tanto la Fiscalía General del Estado como la Justicia española tendrán serias dificultades para razonar desde el punto de vista jurídico y democrático una no legalización del nuevo partido por lo que el predecible papel a jugar por los recursos del fiscal general únicamente tendría como fin condicionar la aceptación de la izquierda abertzale en la legalidad, retrasarla e impedir -o controlar calculadamente- su presencia en las próximas elecciones municipales y forales. Ello otorgaría al Gobierno español la posibilidad de manejar los tiempos del incipiente proceso de pacificación durante algunos meses de cara a su utilización electoral el próximo año en las generales y permitiría al partido socialista evitar los costes de una ruptura frontal en la concordancia antiterrorista con el PP así como en el pacto de Estado que mantienen en Euskadi.