Musikene, gestión desafinada

"vAMOS a administrar con rigor y transparencia los fondos públicos que gestiona Musikene". Son palabras que pronunció la consejera de Educación socialista, Isabel Celaá, en octubre de 2009 en el acto de presentación de la nueva coordinadora del centro Superior de Música del País Vasco, Carmen Rodríguez Suso. Esta musicóloga vizcaina ha sido desde entonces la cabeza visible de la fuerte reestructuración que ha sufrido este centro, hasta épocas recientes referencia europea en la enseñanza musical y que ha afectado a su estructura interna, al profesorado e incluso a la dimensión del edificio que está por construir en la zona de las universidades de la capital donostiarra. Las últimas revelaciones de las que ha dado cuenta DEIA, recabadas gracias al trabajo periodístico pero también a la denuncia que han realizado los propios profesionales del centro a través del comité de empresa, cuestionan todas y cada una de las promesas realizadas por el Gobierno de Patxi López en lo que a la gestión de Musikene se refiere. Es el caso del prometido "rigor en la gestión de los fondos públicos". Si bien el objetivo de los nuevos gestores era reconducir un presupuesto de diez millones de euros a una cifra cercana a siete - incluso el alcalde de Donostia, Odón Elorza, habló de "adelgazar" Musikene- , el equipo de Rodríguez Suso tuvo que corregir al alza los presupuestos de 2010 y actualizarlos para llegar a los 9,29 con los que se terminó el ejercicio. Es decir, más de dos millones de gasto no previsto y con la actividad mermada. En los presupuestos para 2011 el cálculo ha sido más realista con 9,6 millones (sin contar con el dinero previsto para la nueva sede), lo que echa por tierra el primer objetivo de reducir el gasto que supone para la Administración Vasca esta Escuela Superior. Y siendo este un tema de gravedad en la medida en la que sirvió de motivo -o de excusa- para la reducción de plazas y para despedir a parte del profesorado, habría que destacar el fracaso del equipo de Celaá en lo referido a la "transparencia" ante la, cuando menos, irregular contratación de cargos de dirección antes de que se cumpliera el trámite del concurso público que garantiza la equidad e igualdad que se requiere en estos casos. La Administración pública siempre tiene que ser la primera en garantizar, exigir y aplicar criterios de transparencia y de respeto escrupuloso a las reglas de juego. Es lo mínimo que puede hacer y es, precisamente, lo que están demandando profesores y alumnos de Musikene, institución que está perdiendo a marchas forzadas el reconocimiento del que venía gozando. Los partidos de la oposición hablan ya de "fraude" y exigen explicaciones, y la consejera de Educación deberá darlas con urgencia y tomar las decisiones drásticas para que Musikene pueda recuperar el prestigio que ha perdido en estos meses.