La radiografía de un Gobierno

LA dimisión, alegando motivos personales, de Pablo Arbeloa, quien hasta ahora ha sido director gerente de la empresa pública Ostakek y hombre de confianza del Consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, difícilmente se puede analizar separadamente de su polémica trayectoria ni de las conexiones personales y accionariales con empresas adjudicatarias de contratos de Osakidetza que fueron desveladas hace tres meses en DEIA. Tampoco de los conflictos laborales en la propia Osatek ni de las dificultades manifiestas -no exentas de sospechas sobre la adjudicación- en la puesta en marcha de la palataforma multicanal de atención al paciente Osarean. La marcha de Arbeloa a un cargo no directivo de nueva creación, el de "coordinador" de esta última plataforma, puede servir, deliberadamente o no, de salvaguarda al papel de la dirección de Osakidetza y a aquel desafiante "no nos van a pillar" del consejero Bengoa cuando en setiembre se refugió en la "estricta legalidad" y obvió la imprescindible observancia de la ética y la indispensable satisfacción a la indignación de la opinión pública ante la cuestionable gestión de sus directivos. Sin embargo, lo que la dimisión del ya ex director gerente de Osatek no evita ni palía es la percepción, mayoritaria en la sociedad, de inestabilidad e incapacidad de un Ejecutivo que en diecinueve meses de andadura ha sumado el cese o renuncia de una quincena larga de viceconsejeros, directores de área y cargos del más alto nivel y un buen número de actitudes y actuaciones difícilmente encuadrables en una gestión eficiente y en ocasiones hasta incompatibles con el sentido común y las necesidades socio-económicas de Euskadi. Muy al contrario, como colofón a una trayectoria algo más que criticable, la dimisión de Arbeloa reafirma lo que se viene traduciendo de modo fehaciente en todas y cada una de las consultas sociológicas realizadas al respecto desde que Patxi López llegara a Ajuria Enea y que ha tenido un refrendo doble en los dos últimos días con los datos del Sociómetro del propio Gabinete de Prospecciones Sociológias de Presidencia y el Euskobarómetro de la UPV/EHU. Y no se trata sólo de que una gran mayoría cuestione la competencia del Ejecutivo para resolver las preocupaciones que atosigan a la ciudadanía, sino de algo mucho más trascendente, de las dudas crecientes en la sociedad respecto a las prioridades e intereses del Gobierno y la incidencia de éstos en la resolución de las inquietudes sociales, como se constata en que el 61% y el 73% de las personas consultadas en ambos estudios no confía en el Ejecutivo. En ese sentido, la limitación a Arbeloa de las responsabilidades éticas y políticas que rodean el caso Osatek no es sino la radiografía del modo de proceder de un gobierno menos ocupado en gobernar que en negar sus evidentes carencias y en soslayar los problemas.