Pensiones, reforma y racionalización

LA reunión de la Comisión del Pacto de Toledo que ayer concluyó con un mínimo acuerdo en torno al aumento del periodo de cálculo de las pensiones más allá de los actuales 15 años (pese al desmarque de IU, ERC y BNG) y con un bloqueo respecto al retraso en la edad de jubilación a los 67 años hace patente la dificultad de consenso para determinar las necesidades reales de reforma del sistema, cuáles son éstas o incluso si las mismas surgen principalmente por la presión internacional derivada de la situación general de la economía española, sobre la que los actuales -mucho menos los futuros- trabajadores y pensionistas carecen de responsabilidad. Es cierto que la OCDE ya recomendó en febrero al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero la adecuación de la edad de jubilación a la esperanza de vida. Y que el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, pidió de nuevo hace apenas cinco días al Ejecutivo español la reforma urgente del sistema. O que nadie parece dudar ya de las predicciones ofrecidas por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que elevan los actuales nueve millones de pensionistas del Estado a algo más de 15 millones dentro de cuarenta años, lo que supondría un gasto público del 15% del PIB cuando hoy es del 9%. También que Holanda y Alemania (67 años) y Gran Bretaña (68) ya han decidido elevar la edad de jubilación. Pero todo ello no es razón suficiente, sobre todo, sin una explicación persuasiva que aún no se ha ofrecido, para dudar de la viabilidad del sistema dentro de un tercio de siglo, para justificar la urgencia con que el Gobierno español pretende aprobar la reforma antes de fin de enero ni, mucho menos, para argumentar los parámetros en que presenta la misma, curiosamente encorsetados en la negociación pero inconcretos en el Borrador de Propuesta de recomendaciones sobre el sistema de Seguridad Social que entregó a los representantes de las fuerzas políticas en la Comisión del Pacto de Toledo. Así, tanto en el caso de la modificación del periodo mínimo de cotización de 15 años como en el retraso de la edad de jubilación, no contemplar gradualismos, particularidades e incluso la libertad de elegir el momento y modo de la jubilación en virtud de determinadas circunstancias laborales o personales -es decir, no racionalizar el sistema-, podría justificar las dudas de que la pretensión de la iniciativa y su urgencia no se plantean precisamente con el objetivo de evitar la descomposición del sistema sino con el de satisfacer necesidades más actuales que poco tienen que ver con la sostenibilidad de la Seguridad Social. Y es al Gobierno de Zapatero al que compete aclararlo si pretende neutralizar la idea, ya asentada socialmente, de que la reforma de las pensiones no es sino otro modo de trasladar al ciudadano las consecuencias de una crisis global en cuya génesis no ha participado.