Estado de alarma, garantías previas

EL gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero anunciará hoy su pretensión de consensuar el apoyo parlamentario imprescindible para extender el estado de alarma y, por tanto, mantener durante las vacaciones navideñas la militarización del espacio aéreo del Estado español en previsión de evitar una nueva situación de caos en los aeropuertos y sus consecuencias directas sobre cientos de miles de ciudadanos en fechas tan señaladas. La medida, desde el punto de vista de la previsible afección social que acarrearía un presunto nuevo plante de los controladores aéreos, presenta a priori la lógica necesaria para alcanzar en el Congreso la mayoría que precisa la extensión del estado de alarma más allá del próximo sábado, fecha en la que expiran los quince días que marca el artículo 116.2 de la Constitución. Sin embargo, el hecho de que ese mismo artículo no estipule un periodo de prórroga definido del estado de alarma y al afectar la aplicación del mismo a derechos fundamentales también explicitados en el articulado constitucional -entre ellos el de sindicación y huelga (art. 28) o el de negociación de convenio colectivo laboral y el de conflicto colectivo (art. 37)-, hace exigible al Ejecutivo, también a priori, una explicación metódica y harto detallada de las medidas que ha venido desarrollando desde el día 3 en paralelo a la militarización del espacio aéreo, así como del alcance de la prórroga que pretende y de las iniciativas que llevará a cabo durante la misma para solucionar un conflicto prolongado cuyo último episodio crítico dura ya un año. No en vano han sido los cambios en el convenio de los controladores, anunciados unilateralmente en diciembre de 2009 por la dirección de Navegación Aérea, el decreto ley que alteraba ese mismo convenio aprobado en febrero por el Gobierno y finalmente el anuncio y aprobación por el Ejecutivo de la privatización parcial de Aena los motivos esgrimidos por los controladores para iniciar una protesta que pese a todo solo se puede considerar desmedida, ilógica y socialmente antisolidaria. Porque aun siendo esto así, el Gobierno del Estado, y más concretamente el Ministerio de Fomento que dirige José Blanco, no solo tienen el deber de garantizar la libre circulación de personas y bienes que asimismo especifica la Constitución, sino también la obligación de evitar cualquier atisbo de duda respecto a que en la prórroga del estado de alarma, de modo especial si esta es prolongada, y en la hasta ahora al parecer nula capacidad gubernamental de negociación con los controladores se primen o entremezclen otros intereses ajenos a las necesidades de los ciudadanos que oficialmente se pretenden salvaguardar. Incluidos los relacionados con la oportunidad política o aquellos otros que se vinculan al propio proceso de privatización de los aeropuertos y la navegación aérea.