Una revisión obligada del modelo de Estado

LA democracia es el menos malo de los sistemas políticos". La historia atribuye a sir Winston Churchill -estadista y primer ministro británico- esta definición del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El paso del tiempo parece que da la razón al célebre político inglés: de lo conocido y experimentado hasta ahora, la democracia es, efectivamente, el menos malo de los sistemas políticos. Lo mismo puede decirse de la democracia española, sucesora de una dictadura de negro recuerdo. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia español, ha dedicado varias cuestiones del barómetro de noviembre a indagar cómo valoran los ciudadanos la democracia y la Constitución españolas. La mitad de los encuestados (50,7%) está bastante o muy satisfecha con el funcionamiento de la democracia en España; la otra mitad (47,1%) se muestra poco o nada satisfecha. Con la Carta Magna sucede más o menos lo mismo: cuatro de cada diez ciudadanos (45,8%) están muy o bastante satisfechos con la Constitución y otros cuatro de cada diez (39,1%) sienten justamente lo contrario, aseguran sentirse poco o nada satisfechos con la misma. Además, casi seis de cada diez cuestionados (54,1%) abogan por reformar dicho texto legal; solo tres de cada diez (24,7%) creen que hay que dejarla como está. Las cifras son claras. La mitad de los ciudadanos del Estado no está satisfecho ni con la democracia -con este uso de la democracia- ni con la Constitución. Queda claro que estas opiniones desbordan la atribución histórica que se hacía de semejantes opiniones a los nacionalistas. En España hay mucha más gente que no está a gusto con el actual sistema político. Este sentir que revelan los datos debería obligar a los responsables políticos del Gobierno central y del resto de partidos políticos a meditar con total tranquilidad y sin ninguna estridencia -innecesaria en pleno siglo XXI- la conveniencia de una revisión del modelo de Estado español. Algunos han denominado a este repaso como una segunda transición que, al menos en el caso de Euskadi o Catalunya, debiera dar salida al irresoluto problema del encaje de ambos países en el actual estado autonómico. Quizá sea el momento oportuno, por acuciante, para modernizar y para adecuar los textos legales que rigen la convivencia a los nuevos tiempos y las nuevas demandas. La realidad del Estado poco o nada tiene que ver con aquel 6 de diciembre de 1978, cuando se aprobó la Constitución. Todo ha avanzado, menos la Carta Magna. Seguramente fue la mejor salida de las posibles a cuarenta años con Franco. Lo que la mitad de los encuestados tiene claro es que ahora no es la mejor herramienta ni para el presente ni para el futuro. La reflexión de los gobernantes y de los partidos parece obligada. Si la democracia es el gobierno del pueblo, ya saben cómo piensa este.