Estado de alerta, pero sin fin del conflicto

EL irresponsable órdago lanzado por los controladores aéreos, que obligó a cerrar todos los aeropuertos del Estado y dejó en tierra a decenas de miles de ciudadanos que pensaban disfrutar de un largo puente festivo, fue respondido por el Gobierno español con otro órdago en forma de declaración del estado de alerta y de militarización del colectivo, lo que hizo recular a los singulares huelguistas y reabrió el espacio aéreo, aunque sin alcanzar la normalidad plena. El azar ha querido que justo cuando se celebra el 32 aniversario de la Constitución española, el Gobierno haya tomado una decisión -decretar el estado de alarma- sin precedentes que, por mucho que esté prevista en el texto legal, supone una alteración mayúscula, parcial, del orden vigente. No en vano la carta que Aena envió ayer a los controladores en la que les amenazaba con la aplicación del Código Penal Militar utiliza la expresión "en este nuevo marco jurídico", que habrá obligado a más de uno a dar un respingo. Y es que, en efecto, el estado de alarma decretado supuso la movilización general de los controladores aéreos y su consideración como "personal militar", bajo las órdenes directas del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y, en tanto que tal, sometidos "al régimen penal y disciplinario propio de las Fuerzas Armadas". La propia carta de Aena dejaba clara la disposición a encuadrar las actitudes de estos empleados -en principio civiles- dentro del Código Penal Militar, con lo que su no presencia en su puesto de trabajo podía considerarse desobediencia, resistencia a la autoridad militar, sedición, etc. Es decir, que los controladores se enfrentaban a graves penas si mantenían su actitud. Ante esta perspectiva, optaron por la lógica y acudieron a las torres de control. El Gobierno español ha ganado el pulso. Pero el conflicto no se ha desatascado. Pocas veces como en esta el Ejecutivo de Zapatero habrá obtenido el aplauso y el beneplácito de la inmensa mayoría de la sociedad, incapaz de comprender que un colectivo al que considera privilegiado por sus altísimos sueldos pueda desafiar no ya a la autoridad que, en su visión, le conculca derechos laborales, sino a la misma ciudadanía, contada por centenares de miles de afectados y por millones que se solidarizan con ellos ante la imagen de los aeropuertos colapsados. Pero no ha solucionado el problema y por mucho que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, insista en que no se volverán a producir hechos semejantes tampoco es descartable que los controladores, una vez perdida la batalla, se las ingenien para volver a la guerra de modo más eficaz para sus intereses. Y la gran cuestión que se está dilucidando, digan lo que digan ambas partes en conflicto, es ni más ni menos que la seguridad aérea. La nuestra. Y en esto el Ejecutivo español sigue teniendo pendiente la solución.