A medidas similares, parecido efecto

EL anuncio por parte del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, del nuevo paquete de medidas que aprobará el Consejo de Ministros de mañana viernes es únicamente otro intento, posiblemente vano a medio plazo, de contener la inquietud internacional ante los fundados riesgos de un contagio concatenado de las quiebras económicas de Grecia e Irlanda. Diez días después del rescate griego en mayo y ante la misma situación de crisis de confianza en la capacidad del Estado español para hacer frente a su deuda, Zapatero logró calmar de manera fugaz la desazón internacional con la aprobación de los primeros recortes: 15.000 millones de ahorro en la reducción del 5% en la retribución de los funcionarios, supresión del cheque-bebé, congelación de las pensiones, rebaja de inversión pública... Ahora, diez días después de que se hiciera público el rescate de Irlanda, repite movimiento con otro recorte social, la retirada de la prestación de 426 euros a los parados de larga duración, al que añade la privatización de la propiedad de los aeropuertos de El Prat y Barajas, del 49% de AENA y del 30% de Loterías y Apuestas del Estado. En total, 14.000 millones que sin embargo deben relativizarse: el cálculo de ingresos de la privatización de la lotería, por ejemplo, es de 4.000 millones cuando sólo el año pasado aportó 2.900 millones al Estado, el resultado de la privatización aérea está por comprobar y aún habría que restar también el coste de la reducción de la carga fiscal a las pymes, quizás la única medida de las anunciadas que va en la buena dirección por cuanto debería favorecer el mantenimiento de empleo. En definitiva, la limitación de las iniciativas anunciadas ayer y su similitud con las de mayo presagian por lógica un efecto parejo y asimismo momentáneo. Por tanto, la reacción de los mercados y la bolsa, ayer positiva, sigue estando a expensas de lo que suceda en los próximos meses a Portugal, con cuya economía la del Estado español tiene además relaciones mucho más estrechas que con la de los dos países hasta ahora intervenidos. El Gobierno español sigue teniendo pendiente la impuesta obligación de completar los cambios estructurales que ayer mismo el comisario europeo Joaquín Almunia situaba en la reforma del sistema financiero, del sistema de pensiones y del mercado de trabajo. Pero también precisa la adecuación del gasto público en cuanto a la duplicidad administrativa que soporta por la artificial ampliación de especificidades concretas de autogobierno a todas y cada una de las diecisiete comunidades con el único fin de intentar lograr una uniformización política del Estado autonómico a todas luces ficticia. Zapatero puede haberse planteado alguna de ellas (o todas) para el siguiente momento crítico que se anuncia si se procede al rescate de Portugal, pero existe el riesgo de que entonces la desconfianza exterior sea ya similar a la interna: prácticamente irrecuperable.