EL nuevo retraso de una veintena de leyes anunciado por el Ejecutivo que preside Patxi López respecto al calendario legislativo remitido por el propio gobierno a la cámara supone en la práctica el incumplimiento flagrante de sus obligaciones en cuanto a elaboración, impulso y aprobación de leyes, es decir, a la misma acción de gobierno. Diecinueve meses después de acceder a Lakua con la pretensión de eludir presentar un programa de actuación gubernativa y sustituirlo por su programa electoral -que por cierto también incumple en materias tan relevantes como euskera, educación o acción social- y doce meses después de verse finalmente obligado a dar a conocer un calendario de actuación, el Ejecutivo de López cerrará 2010 con la presentación de sólo tres proyectos de ley de los 24 previstos para este año y la aprobación entre ellas únicamente de la Ley del Plan Vasco de Estadística el pasado 5 de noviembre, además de la obligatoria Ley de Presupuestos y de la polémica e ideologizada ley que declaraba el 25 de octubre como festividad oficial de Euskadi. Es decir, el actual Gobierno vasco sólo ha cumplido una ínfinitesimal parte del trabajo legislativo que debía haber realizado, al que se había comprometido y que incluía las ahora pospuestas Ley Municipal -"el primer compromiso", según afirmó el propio López-, la ley de las EPSV, la de las Cooperativas, la de la Agencia Vasca de la Competencia, la de la Ley de Policía o la Ley del Derecho a la Vivienda... por citar sólo algunas de las más relevantes. Tan considerable incumplimiento, además de una desconsideración hacia el propio Parlamento Vasco y, por tanto, a la sociedad que ha elegido a sus representantes para que ejerzan su labor en el legislativo; constata la inacción de un gobierno que se limita a gestionar su deteriorada imagen y desmiente de forma rotunda aquel eslogan sobre las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos que acuñaron los socialistas en campaña electoral y que contravienen ahora desde el Gobierno. Apelar, como hizo ayer la portavoz del Ejecutivo, Idoia Mendia, a la falta de experiencia o al desconocimiento es simplemente la confirmación de una incapacidad que la sociedad ya intuía y sufre. Y escudarse en una situación de crisis económica ya conocida al acceder al gobierno en 2009 y con más motivo aún cuando presentaron el calendario legislativo, es reconocer que no existe argumento alguno que pueda justificar siquiera en grado mínimo tanta desidia. Pero el problema incluso se agrava si el calendario incluía hasta 2013 cincuenta y tres leyes de las que casi la mitad debían haber sido ya aprobadas este año, con lo que los retrasos condicionan y sitúan entre interrogantes la labor legislativa de toda la legislatura y, por tanto, de un gobierno que no ejerce, que no gobierna.