LA presentación por el PP en el Congreso de una proposición para modificar la Ley General de Comunicación Audiovisual y permitir a las Comunidades Autónomas otras formas de gestión de las televisiones públicas, incluida su privatización, pretende disfrazar con el pretexto de la mala situación financiera de algunas cadenas autonómicas, que intentan justificar con la crisis global, la verdadera intención de diluir hasta la eliminación un servicio público esencial en la era de la comunicación en virtud de intereses que no son ajenos a las relaciones del PP con algunos de los grandes grupos mediáticos del Estado. En primer lugar, la actual Ley General ya establece que las administraciones "podrán acordar la prestación del servicio público de comunicación audiovisual con objeto de emitir en abierto canales generalistas o temáticos", por lo que la pretensión del PP de otorgar a empresas privadas las licencias de los canales públicos sólo se puede entender como el primer paso hacia una privatización integral de los entes públicos de televisión. En segundo lugar y a pesar de las carencias que en algunos casos muestran dichos medios en cuanto a la independencia informativa imprescindible y exigible a una televisión pública, su privatización exacerbaría la subordinación ideológica, limitaría la libertad de información y por tanto el pluralismo y eliminaría el imprescindible servicio socio-cultural que se sobreentiende implícito a una cadena cuya titularidad pertenece a la administración y que debe -o debería- presentar objetivos y prioridades diferentes a los intereses de un número más o menos reducido de accionistas. En tercer lugar, los problemas económicos derivados de la cuestionable gestión de varias cadenas autonómicas de comunidades con Gobierno del PP, como es el caso de Madrid o Castilla-La Mancha, no pueden llevar a poner en solfa todo el sistema ni servir para minar el desarrollo futuro de los medios públicos de comunidades que, como en el caso de Catalunya y Euskadi, habían venido siendo gestionados hasta hace poco con más que relativo éxito tanto en el ámbito meramente económico como en el del servicio a los ciudadanos que colaboraron a través de sus impuestos en su creación, implantación y crecimiento. Finalmente y en el caso concreto de Euskadi, la proposición de ley del PP coincide con la confirmación de la deriva del ente público de radiotelevisión vasca tanto en audiencia como en el respeto de sus actuales gestores a la objetividad y profesionalidad informativa y con los temores a que todo ello acabe poniendo en una situación insostenible -y similar a las de las televisiones de otras comunidades que el PP desea privatizar- al que había sido durante décadas y hasta hace 18 meses uno de los proyectos más reconocibles del autogobierno, un apoyo esencial en la euskaldunización y un modelo tangible de identificación con la sociedad a la que se dirige.
