LA decisión del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno presidido por Patxi López de eliminar las ayudas directas concedidas a través de Hobetuz a las empresas para la formación continua de sus trabajadores, es decir, para que las propias empresas contraten los cursos que permiten reciclar la actividad laboral de sus empleados, no parece encontrar otra base que el mero recorte presupuestario. Aceptado esto y a falta de una explicación por el departamento que dirige Gemma Zabaleta, es preciso cuestionar la necesidad real que tiene la Comunidad Autónoma Vasca de proceder a dicho recorte, la profundidad que debe tener el mismo y, en su caso, los motivos por los que el Ejecutivo procede a ejecutarlo; y la obligación de que afecte a un ámbito como el de la formación profesional, tan relevante en tiempos de crisis. Parece aceptado que un recorte presupuestario es necesario, aunque pudiera ser más que discutible el modo en que se ha llegado a esa necesidad y a los niveles de endeudamiento alcanzados por el Gobierno vasco en el último año y medio, producto de una gestión que, sin exagerar, se puede calificar de deficiente. Sin embargo, la profundidad del recorte y los motivos del mismo son cuando menos controvertidos. De hecho, es evidente que el nivel de la rebaja presupuestaria responde a la aceptación acrítica por el Gobierno López en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 27 de julio de las directrices del Gobierno español presidido por José Luis Rodríguez Zapatero para contribuir a la reducción del déficit público del Estado a pesar de que la CAV no había contribuido a crearlo ya que hasta la llegada a Ajuria Enea de López el nivel de endeudamiento del Gobierno vasco era prácticamente inexistente. Dicho sometimiento a las políticas de Madrid, que por otra parte no se han demostrado acertadas hasta ahora, no sólo repercute en la capacidad presupuestaria del Ejecutivo vasco, sino que supone una renuncia implícita al autogobierno económico que se estipula en el Concierto y coincide, al mismo tiempo, con la continua deformación de las capacidades que estipula el Estatuto únicamente en virtud de las pretensiones uniformadoras que en éste y en todos los demás campos de su competencia está tratando de imponer el Ejecutivo López. Y siendo esto así, pero además, la partida de 6 millones de euros que se suprime -de un presupuesto global que el año pasado alcanzó los 10.344 millones de euros- no parece demasiado relevante en sí misma pero sí lo es a la hora de potenciar la actualización, productividad y competitividad de las empresas y como herramienta frente al desempleo, es decir, allí donde más se necesita para culminar una recuperación económica. Obviarlo sería síntoma de impericia o despreocupación, males ambos imperdonables a un Gobierno.
