A vueltas con las pensiones

LA reunión de la Comisión del Pacto de Toledo para abordar la anunciada reforma de las pensiones en respuesta a una necesidad de sostenibilidad del sistema a largo plazo -que pocos niegan si se basa únicamente en parámetros demográficos- supone el primer paso efectivo de lo que, según pretende el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, será antes de fin de año la quinta reforma de las jubilaciones desde 1985. Quiere esto decir que, si realmente estaría en cuestión la sostenibilidad de un sistema que actualmente aún presenta superávit y cuenta con un fondo de reserva de 62.000 millones de euros, esta reforma deberá tener fundamentos bien distintos a los empleados en los últimos 25 años. El Estado español, cierto es, no es el único que, dentro de la corriente de recortes sociales y ajuste del estado de bienestar que se extiende por Europa, plantea o ha realizado un cambio que afecta tanto a la edad de jubilación como al periodo de cálculo de la misma, pero ceñirlo exclusivamente a ambos parámetros sin explorar otras posibilidades como la utilización de vías de financiación externas (Noruega), la aplicación de factores de corrección en función del crecimiento económico y la longevidad (Alemania), las cuentas individuales de contribución (Suecia), o la posibilidad de compatibilizar el cobro de la pensión con la posibilidad de seguir trabajando (Gran Bretaña), por citar algunos, sería algo más que un error de planteamiento que afecta a los derechos del cotizante. Los cálculos a largo plazo, efectivamente, señalan que el Estado español casi duplicará el gasto en pensiones respecto al PIB (llegará al 15%) para 2060, pero la media de la UE ese año también rondará el 13% y en el caso del Estado la relación entre cotizantes y pensionistas presenta una característica muy peculiar y decisiva: si en los últimos cuarenta años, la población total ha crecido en doce millones, de los que cuatro corresponden a pensionistas, el número de trabajadores apenas lo ha hecho en 1,7 millones y las previsiones que se realizan para dentro de otros cuarenta años prevén un aumento poblacional de 7 millones, similar al del número de jubilados, pero por el contrario no contemplan ningún crecimiento en número de empleos... en un país con más de cuatro millones de parados. Quiere esto decir que, en realidad, el problema del sistema de pensiones en el Estado español no es básicamente de pirámide demográfica ni se soluciona, al menos no solamente, con una prolongación de la vida laboral -seis de cada diez jubilados en 2009 cotizaron durante 35 años o más-, sino que la sostenibilidad del mismo se ve sobre todo afectada por la principal deficiencia estructural de la economía española, la falta de creación de empleo, preferentemente cualificado, para la que, a la vista de los últimos datos, la reciente reforma del mercado laboral tampoco se adivina como antídoto.