Bizkaia, progreso a compartir

EL pleno de Política General de las Juntas Generales de Bizkaia dibujó ayer de modo meridiano la situación socio-económica y política del Territorio Histórico, pero también las agudas aristas de las relaciones institucionales que mantiene, íntimamente ligadas a su desarrollo tanto por la vía de las inversiones públicas como por la de la defensa de los niveles del autogobierno que, en gran parte, nutre a éstas y, por tanto, contribuye al bienestar de los vizcainos. Las polémicas abiertas por los cambios de criterio o las incertidumbres del Gobierno vasco respecto a los proyectos inmediatos de dos realidades que han contribuido de manera innegable en las últimas décadas al progreso de Bizkaia -y de Euskadi- en todos los ámbitos, como son el Museo Guggenheim y el metro, generan una preocupación evidente en el gobierno de Bizkaia pero también en sus ciudadanos, no tanto por la palpable diferencia con otros territorios en el interés inversor de quienes deben colaborar con la Diputación Foral en el desarrollo social del territorio, que en cualquier caso merecería ser convincentemente razonada, sino por el tinte electoralista que se desprende de dicha disparidad. En ese sentido, el compromiso del diputado general, José Luis Bilbao, por mantener y, si es necesario, incrementar el esfuerzo de la Diputación para suplir esa carencia de interés inversor -tanto en los proyectos del Guggenheim y el metro como en otros- y su ofrecimiento de llegar a amplios acuerdos para que las avanzadas políticas sociales sean sostenibles en el futuro, incluyendo la idea de creación de un fondo gestionado desde las instituciones vascas con aportaciones diferentes a las actuales, proporcionan sosiego precisamente en el momento en que más se necesita para culminar a medio plazo una salida de la crisis que la incipiente mejora durante este último año de los parámetros económicos permite de momento sólo intuir. Pero en esa defensa de los intereses de Bizkaia, con la implícita transmisión de confianza a sus ciudadanos, se incluye también la protección de la especificidad jurídico-política no sólo del territorio sino de toda Euskadi y el fomento de la esperanza, no exenta de firmeza, respecto a un posible final del ciclo violento que lastra a nuestro país desde hace décadas. Y en esos dos ámbitos, al igual que en el esfuerzo inversor, otras instituciones -y especialmente el Gobierno vasco- también deben esforzarse por contribuir con su parte alicuota obviando intereses particulares. Porque es precisamente el carácter específico del autogobierno el que proporciona la base a las necesarias inversiones que generan desarrollo y bienestar y porque ambos alcanzarán niveles impredecibles en una situación normalizada y pacífica que contribuirá, sin ninguna duda, a que proyectos como los que se pretenden impulsar cristalicen en beneficio de todos.