La verdadera reforma de las pensiones

LA aprobación por parte de la Asamblea Francesa del primer trámite parlamentario para elevar la edad mínima de jubilación a 62 años, el hecho de que los gobiernos de Suecia, Alemania o Gran Bretaña pretendan o estudien asimismo una prolongación de la vida laboral y el anuncio reiterado por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, de que afrontará en las próximas semanas una reforma de las pensiones que incluiría el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y un reajuste del periodo de cómputo y cálculo de las mismas, actualiza el ya prolongado debate sobre la sostenibilidad futura de un sistema que sigue ofreciendo superávits anuales, concretamente de nueve mil millones de euros en 2009. Sin embargo, un recorte tan sensible en derechos sociales adquiridos históricamente exige fundamentos mucho más serios que la traslación, a cincuenta años vista, de los previsibles -pero difícilmente comprobables- cambios en la pirámide demográfica. Sobre todo si se quiere evitar la sospecha de que tras esa pretendida intención de salvaguardar el sistema público se esconde en realidad un intento de privatización y la consiguiente generación de beneficios asimismo privados. Valga como ejemplo la nítida diferencia, ésta sí comprobada, entre los resultados de un sistema en tiempos de crisis y que no sólo no recibe las cotizaciones de cuatro millones y medio de parados sino que tiene que aportar sus respectivos subsidios de desempleo con los de ese mismo sistema en época de bonanza y situación de pleno empleo o, si se prefiere, de paro técnico. Es decir, la prolongación de la vida laboral y/o el reajuste del periodo del cálculo de las pensiones no es el único -ni siquiera el principal- método para salvaguardar el sistema, aunque quizás sí el más sencillo e inmediato a pesar de que dicha inmediatez no se precisaría si nos atenemos a los cálculos efectuados por el propio Gobierno Zapatero respecto a la sostenibilidad a corto. Otra cosa bien distinta son los efectos que pueda tener el uso continuado del denominado Fondo de Reserva -que se prevé que ronde los 62.000 millones a final de año- para solucionar problemas externos o tangentes, como el del déficit, del modo que se ha realizado este año con la adquisición de deuda pública. Pero incluso en ese caso, especialmente en ese caso, la reforma del sistema de pensiones no puede plantearse como un mero recorte de sus beneficios sociales, sino que exige remodelar, sobre todo, sus vías de financiación. Otros sistemas, como el Statens pensjonsfond noruego, controlado por el Banco Central pero también por un Consejo Ético, lo hicieron con éxito hace dos décadas para convertirse en el más seguro del mundo al nutrirse también de un porcentaje de otros ingresos públicos y de inversiones en activos privados. El sistema de pensiones, en definitiva, puede necesitar una reforma, pero no la que pretende aplicar el Ejecutivo. O, al menos, no exclusivamente.