LA decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, de prohibir la manifestación convocada para mañana sábado en Bilbao por la iniciativa popular Adierazi EH por considerar que ésta tiene como finalidad "apoyar la estrategia de ETA y justificar las acciones de sus miembros" traduce a un auto judicial de tres folios la decisión política del Gobierno español de reducir y eliminar la capacidad de expresión de la izquierda abertzale ilegalizada y, por extensión, también del independentismo y de amplias capas sociales y políticas de la sociedad vasca, soslayando la asfixia de derechos elementales que dicha decisión provoca. Los mismos razonamientos del magistrado para vetar la convocatoria, conocida ésta, sus lemas y objetivos (defensa de todos los derechos, incluido el primigenio derecho a la vida) y la pluralidad de sus convocantes; al utilizar idéntica argumentación a la que presentó la Fiscalía General del Estado para solicitar la prohibición sin siquiera cuestionarla en ninguno de sus puntos, confirma que el Estado ha optado por mostrar una fortaleza irracional a través de la conjunción del poder ejecutivo y el poder judicial sin reparar en las consecuencias, o más grave aún, reparando en que al hacerlo conculca los derechos a la libre expresión, manifestación, participación política y presunción de inocencia e incluso retuerce la propia legalidad mediante la más que difusa concatenación de supuestos delitos y una absoluta ausencia de rigor jurídico. Que todo esto -la petición de prohibición y la decisión judicial- se produzca además cuatro días después del último comunicado de ETA y coincidiendo con la reiteración por la izquierda abertzale ilegalizada de su apuesta por "vías exclusivamente políticas y pacíficas" cuando la convocatoria de la manifestación data del mes de junio; refuerza más que una sospecha de que la decisión esté trufada de una intencionalidad que poco o nada tiene que ver con la aplicación estricta de la ley y que se asienta, por contra, en una estrategia política. Tal vez el encastillamiento del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero pueda estar condicionado por su precariedad actual y, sobre todo, basarse en la ilimitada desconfianza que generó la dramática ruptura de la última tregua por parte de ETA; pero ni siquiera dicho escepticismo habilita al Estado, si se pretende democrático, para dilatar en el tiempo y el espacio políticos la tantas veces denunciada ausencia de separación de poderes que cercena los principales derechos individuales prohibiendo además manifestarse en su defensa. Mucho menos si dicha actitud arriesga provocar efectos que se presupone no desean y tratan de evitar tanto quien la mantiene impertérrita como quienes soportan sus ya reprobables consecuencias inmediatas.