LO que podría ser un acuerdo entre el PNV y el PSOE en el Congreso de los Diputados de cara a facilitar la futura aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2011 a cambio de que el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero cumplimente la transferencia de competencias explicitadas en el Estatuto de Gernika y que no han sido traspasadas treinta y dos años después, no sólo sirve para constatar de nuevo la realidad histórica de que únicamente las urgencias políticas y partidistas de los diferentes Ejecutivos del Estado logran torcer la perenne negativa de Madrid a cumplir la ley y otorgar a Euskadi los niveles de autogobierno que la sociedad vasca aprobó en 1978, sino también para comprobar la incapacidad del Gobierno que preside Patxi López para hacer valer en su propia organización política lo que prometió y dice defender en Euskadi. La tan traída y llevada transferencia de las políticas activas de empleo, relacionada directamente por segundo año consecutivo con la negociación presupuestaria en Madrid, es el mejor ejemplo. Por un lado, una interpretación exacta de los artículos 12 y 18 del Estatuto de Gernika, así como de la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, que no considera las bonificaciones de las políticas activas parte de la denominada caja única de la Seguridad Social, y el cálculo de lo correspondiente al trasponer el porcentaje del cupo, eleva la transferencia -es decir, la capacidad económica para llevarla a la práctica y beneficiar al empleo de quienes forman la sociedad vasca- a 480 millones de euros. Sin embargo y por dos veces, el Gobierno que preside López ha estado a punto de acordar una transferencia por el valor calculado por el Ejecutivo español, 300 millones, aun conociendo la realidad económica de las políticas activas de empleo y los cálculos efectuados tanto por quienes le precedieron en el Gobierno como por el Parlamento Vasco y a pesar de que será el actual Ejecutivo de Gasteiz el primer beneficiado por el traspaso y la posibilidad de ejercer la competencia al completo. De ello se deduce que la afinidad ideológica no es garantía de cumplimiento sino que, por el contrario, conlleva incluso un acusado riesgo de devaluación de lo que legalmente corresponde a Euskadi en virtud de las necesidades de Madrid. Y confirma que sólo la urgencia del Gobierno español por aprobar los presupuestos en el momento de mayor debilidad política de Zapatero y la supeditación del Gobierno López a los designios de aquél motivan que se replantee ahora, después de un año, el importe del traspaso para acercarlo a lo que el PNV ha venido planteando reiteradamente, la transferencia completa. En el fondo, se trata de una cuestión de prioridades, las de Euskadi o las de Madrid, y de capacidades, es decir, de competencia, en este caso intransferible.