LAS cifras facilitadas por el Ministerio de Trabajo que dirige Celestino Corbacho sobre la evolución del desempleo durante el mes de agosto despejan, si es que era necesario, cualquier atisbo de optimismo, siquiera tímido, sobre la situación económica y sus repercusiones sociales, especialmente en el Estado español pero también en Euskadi. Los 61.083 parados más registrados el mes pasado (3.461 en la CAV) no sólo acaban con la tendencia de cuatro meses de descenso del desempleo sino que auguran un periodo de crecimiento del mismo, lo que supondría alcanzar o incluso superar las cifras más críticas de los dos años transcurridos desde que se dio por iniciada la crisis. Cierto es que el desempleo ha aumentado en la última década en agosto por causas de la coyuntura estacional -las mismas por las que descendió en junio y julio- y que la cifra de nuevos parados es inferior a la del mismo mes de 2008 y 2009, pero también es constatable que se trata de la tercera más elevada desde 2001, que su realidad viene matizada por el cambio en el método de cálculo instaurado por el entonces ministro Jesús Caldera al final de la anterior legislatura -eliminó de la estadística a parados en cursillos de formación o en búsqueda de empleo específico o limitado con los que el total de desempleados pasaría de los 3.969.661 oficiales a 4.456.449- y que viene acompañada por otro dato tanto o más preocupante: un descenso en el último mes del número de afiliados (-131.858) a la Seguridad Social similar al que se experimentó hace un año. Además, la misma coyuntura estacional negativa suele tener reflejo también en el último cuatrimestre, con el agravante de que en esta ocasión coincidirá con la implantación de algunos de los recortes aprobados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con el fin de planes de estímulo que, como la propia estadística del Trabajo hace patente, han fomentado sobre todo la contratación temporal por cuanto sólo 66.846 del más del millón de contratos suscritos en agosto tuvieron el carácter de indefinidos. Todo ello hace intuir que de aquí a diciembre el actual 20% de paro que duplica la media de desempleo de la UE -el Estado español acoge a uno de cada cuatro de los 16 millones de parados de la eurozona- aún sufrirá un nuevo incremento -el año pasado 300.000 trabajadores perdieron su empleo en el último cuatrimestre- por lo que la acción del Ejecutivo, dos años después del reconocimiento de la situación de crisis, debe experimentar un giro rotundo y sustituir las medidas que maquillan temporalmente una realidad tozuda para implementar políticas de fomento del empleo y de estabilidad del mismo de carácter estructural que, sin embargo, no parecen adivinarse aún en las iniciativas, reforma laboral incluida, que pretende poner en marcha.