EL avance de los datos de ejecución presupuestaria hasta el mes de julio facilitado por el Ministerio de Economía y Hacienda, que dirige Elena Salgado, aporta dos aspectos que el Gobierno español ha pretendido enfatizar debido a su cariz positivo pero que, en realidad, conviene someter a un análisis mucho más profundo antes de considerar que la grave situación económica que afecta al Estado español ha iniciado una siquiera incipiente recuperación. No cabe duda de que la reducción del déficit a la mitad (2,44% del PIB) respecto al mismo periodo del pasado año y el hecho de que las arcas públicas hayan logrado por primera vez en mucho tiempo cerrar un mes, el de julio, con un mínimo superávit (0,11% del PIB) son datos que el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero puede esgrimir de cara a la opinión pública como el inicio de un cambio de tendencia a raíz de las medidas de ajuste, pero la realidad es que su relevancia es más que cuestionable. Primero porque se refieren únicamente a los recursos y gastos no financieros del Estado. Y segundo en cuanto que responden al aumento de la recaudación por impuestos al consumo, especialmente el IVA (que se duplicó en julio respecto a 2009), y por tanto a una cuestión de calendario, pendiente de las devoluciones, y no a una mejora de la economía. Sin olvidar que se nutren del esfuerzo fiscal del ciudadano, que es el que sigue pagando los efectos de la nefasta gestión de la crisis económica. De hecho, los mismos datos del ministerio apuntan que los ajustes y recortes aprobados por el Gobierno Zapatero apenas han reducido un 2,5% el gasto del Estado, incluyendo las rebajas de sueldos de los funcionarios, y aportan un detalle quizás mucho más relevante, el hecho de que los ingresos por el impuesto de sociedades, el que grava la actividad de las empresas, ha descendido casi un 10%. Pero, además, no son los únicos motivos por los que conviene relativizar el anuncio de ese descenso del déficit por el Gobierno. Ayer mismo, Eurostat, la oficina estadística de la UE, consideraba "especialmente preocupante" el 20,3% de paro registrado en el Estado español, la tasa más alta de los veintisiete, por encima del doble del 9,6% de media de la zona euro, con las consecuencias sociales que se derivan de ella, y se confirmaba la quinta subida consecutiva del Euribor por la que en setiembre se producirá el primer encarecimiento de las hipotecas desde hace casi dos años, rompiendo la tendencia que había aliviado siquiera mínimamente las castigadas economías familiares precisamente cuando el final de las vacaciones -unido al incremento del IVA que se ha empezado a pagar en agosto y que no beneficiará la actividad empresarial- lastra el consumo y, por tanto, volverá a incidir en la recaudación y en el déficit durante el tercer trimestre.