LA agresión, confinamiento y posterior liberación de catorce activistas prosaharauis por parte de la policía marroquí tras realizar una concentración en El Aaiún en exigencia de la libertad para el Sahara vuelve a poner de nuevo sobre la mesa de la actualidad el que ya se puede considerar como el conflicto de descolonización más antiguo de África y a su vez el más intrincado debido a los intereses económicos que, además de Marruecos, también Francia, Estados Unidos y España poseen en la zona y el caso omiso que Rabat, con la aquiescencia de Madrid, Washington y París, hace de las resoluciones e informes que la ONU -a cuyas directrices se someten todos ellos y concretamente el Estado español desde su entrada en la organización en 1955, es decir, mucho antes de su abandono del Sahara- ha venido aprobando y realizando durante los últimos cuarenta y seis años. La incapacidad -o la calculada dejadez- de la comunidad internacional para forzar al reino alauita a reconocer lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha venido reiterando en las 110 resoluciones emitidas desde 1964 -el derecho a la libre determinación de los saharauis- hasta la última del pasado 30 de abril y recomendado en los más de sesenta informes que la ONU ha emitido al respecto en los últimos 27 años, ha terminado por enquistar un conflicto que han ido heredando nada menos que seis de los ocho secretarios generales que en la ONU han sido, desde U. Thant al actual Ban Ki-moon, pasando por Kurt Waldheim, Javier Pérez de Cuéllar, Boutros Ghali y Kofi Annan, sin que ninguno de ellos, como tampoco los sucesivos enviados especiales para el Sahara -James Baker, Peter Van Walsum y el actual, Christopher Ross- hayan podido ofrecer una solución a la ocupación militar e ilegal del Sahara por Marruecos, a la continuada y brutal represión del pueblo saharaui ante el silencio internacional y la impotencia de la ínfima fuerza de interposición -la Minurso apenas tiene trescientos efectivos- ni tampoco hayan dado respuesta a los acuerdos de la Organización de la Unidad Africana de hace tres décadas o a la reiterada negativa de Marruecos a convocar el referéndum de autodeterminación que admitió inicialmente y que Rabat ha venido posponiendo desde el alto el fuego de 1991 al no aceptar la aplicación del censo de 1974 que estipulaba el Plan de Paz de la ONU para una consulta que debía haberse celebrado el 26 de enero de 1992, hace ya 18 años. Siempre con la inacción, si no colaboración, de un Estado español cuyos sucesivos gobiernos han ignorado las responsabilidades inherentes a su condición de original potencia colonizadora, pero también, como se ha vuelto a demostrar ahora, la nítida posición de una sociedad consciente de la injusticia a que se somete desde el siglo pasado al pueblo saharaui por la interesada permisividad española e internacional con Marruecos.
