El Tribunal Supremo (TS) español ha ratificado, según fuentes de ELA que resaltan que todavía no tenían la resolución en mano, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que considera ajustada a derecho la decisión del Gobierno vasco de dejar de pagar las aportaciones que le correspondían al Plan de Previsión Social Voluntario (EPSV) Itzarri por cada funcionado de la Administración pública vasca durante la anterior crisis económica, en concreto entre 2014 y 2016.
Al confirmarse la sentencia del TSJPV, el Ejecutivo vasco no tendrá que abonar unos 200 millones de euros extra al plan de pensiones complementario de sus funcionarios, a Itzarri EPSV tras rechazar el Alto Tribunal la petición sindical de ELA y Erne. Las citadas centrales sindicales exigían que se ingresasen las aportaciones no realizadas entre los ejercicios 2014 y 2016 que el Gobierno vasco suspendió por limitaciones presupuestarias.
El Tribunal Supremo, según Europa Press, ha deliberado sobre los recursos presentados en su día por los sindicatos en cuestión contra la sentencia del TSJPV, que ratificó la decisión del Ejecutivo vasco de dejar de realizar las aportaciones a Itzarri pactadas en la negociación colectiva en su momento, atendiendo al decreto firmado por el entonces presidente del Gobierno español del PP, Mariano Rajoy, por el que se suspendían las aportaciones a planes de pensiones y EPSV para los funcionarios públicos.
Los magistrados del Supremo han acordado ratificar lo dicho por el TSJPV y rechazar los recursos sindicales. En próximos días se publicará la sentencia, cuyo fallo se adelantó ayer.
El 3% de aportación
Curiosamente, el pronunciamiento del Supremo se ha producido después de que el sindicato Erne presentase un recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), de fecha 23 de enero de 2019, por la que se desestimaron los recursos presentados por este sindicato y ELA, en los que reclamaban las aportaciones del 3% para todos los trabajadores dependientes del Gobierno vasco desde el 1 de enero de 2014, fecha en la que se alzó la prohibición de realizar aportaciones a los planes de pensiones.
La petición de Erne se dirigía al colectivo de la Ertzaintza, organización en la que opera, y la del sindicato mayoritario vasco ELA al conjunto de empleados públicos de Euskadi que se encontraban dentro del ámbito de la EPSV Itzarri.
Lo que estaba en juego era una aportación de entre 4.000 y 5.000 euros por cada funcionario vasco. Así, de haber prosperado el recurso sindical, Lakua tendría que haber pagado a Itzarri entre 900 y 1.500 euros anuales por cada funcionario, que dejó de aportar durante la anterior crisis.
El TS debía decidir sobre la naturaleza de Itzarri. Es decir, si las aportaciones al referido plan son o no salario y, en consecuencia, si el Gobierno debía ingresar a Itzarri todas las aportaciones económicas, en favor de cada funcionario vasco, que no aportó en su día.
