Tarjetas de Caja Madrid, la cara B de la crisis

BILBAO - El escándalo de las tarjetas de Caja Madrid no cesa y, según se conocen los detalles del uso que se hizo de las mismas por los consejeros y directivos de la antigua caja de ahorros madrileña, más se extiende la impresión que la crisis económica en el Estado español se ha agudizado por la difusión de unos comportamientos poco éticos, escasamente profesionales y lindantes en numerosos casos con la corrupción pura y dura. Este tema sería una especie de pequeña cara B de la actual crisis.

No hay que olvidar que siendo grave éticamente y, posiblemente, fiscalmente, el tema de las tarjetas en Caja Madrid-Bankia es un asunto menor porque se está hablando de unos 15,5 millones de euros de gastos por parte de unos señores que han llevado a la quiebra a una entidad financiera con actividades mucho más graves como la aprobación de préstamos a proyectos faraónicos, a amistades y a empresas inviables, generando un quebranto económico de más de 20.000 millones de euros.

En total, 86 altos cargos de Caja Madrid-Bankia recibieron las tarjetas entre 2003 y 2010. El informe encargado por el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, muestra que solo cuatro beneficiarios no utilizaron la tarjeta en ningún momento: los héroes que en medio de un entorno como el que se ha conocido se mantuvieron ajenos al escándalo fueron Francisco Verdú (consejero delegado de Bankia en la etapa de Rodrigo Rato como presidente), Íñigo María Aldaz Barrera (directivo de Caja Madrid), Esteban Tejera Montalvo (presidente de Caja Madrid Seguros Generales) y un sindicalista de UGT, Félix Manuel Sánchez.

¿Dónde ha ido el dinero? Un repaso a las listas de gastos abonados por las tarjetas muestra que no tenían relación alguna con la actividad financiera de la entidad. Desde viajes de turismo, restaurantes, boutiques de lujo, clubs y discotecas, salas de masajes, marisquerías, bebidas alcohólicas, obras de arte, libros, equipos electrónicos, de telefonía etc... hasta gastos menores como billetes de metro. El más cuidadoso fue José Antonio Moral, antiguo consejero en representación de IU, que en vez de dejar un rastro de operaciones concretas a través de la tarjeta sacó dinero en efectivo de los cajeros por importe de 360.000 euros cuyo destino es más difícil de seguir. Aunque no lo parezca, a efectos económicos de una entidad del tamaño de Caja Madrid, el tema de las tarjetas era tan menor que se podía ocultar fácilmente en las cuentas del banco.

El uso de las tarjetas podría haber sido perfectamente legal, éticamente es otra cuestión, si se hubieran pagado impuestos por esos gastos (como retribución en especie) pero no hay que olvidar que, a la espera de las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia, buena parte de la gente retribuida adicionalmente con dichas tarjetas dio pie a estafar, así lo califican algunas demandas en los tribunales, a ahorradores con preferentes y acciones de una forma dirigida por parte de la entidad.

Otro ejemplo del despropósito de la gestión realizada en menos de 10 años en la caja madrileña es que el pacto entre el PP y Comisiones Obreras en septiembre de 1996, que permitió a Miguel Blesa llegar a la presidencia de Caja Madrid, también dio pie a que el sueldo del máximo responsable de la entidad pasase de 180.000 euros anuales que percibía el presidente en 1996, Jaime Terceiro, a 3,5 millones de euros anuales que llegó a cobrar Blesa menos de una década después, según Joaquín Leguina.

Aunque la entidad financiera ha estado controlada por el Partido Popular en estos años, la lista de implicados de las tarjetas black de Caja Madrid muestra a representantes del PP, PSOE, Izquierda Unida, CC.OO. y UGT, más dirigentes empresariales, en un ejemplo del uso de dinero negro para una supuesta compra de voluntades.