Todavía hoy son muchos los edificios antiguos que tienen problemas de accesibilidad, ya que en el momento de su construcción carecían de normativas que regulasen el acceso para personas con movilidad reducida.
No obstante, cualquier comunidad de vecinos está obligada hoy a remodelar o modificar las infraestructuras de su edificio para eliminar las posibles barreras arquitectónicas y garantizar el acceso universal de todas las personas.
Las barreras arquitectónicas siguen representando un gran obstáculo para muchas personas, al impedirse acceder a numerosas zonas o espacios comunes. Los usuarios discapacitados o con movilidad reducida son los grupos que mayores dificultades presentan a la hora de desplazarse con facilidad.
A pesar de las diferentes leyes y normativas que obligan a la eliminación de estas barreras con el fin de facilitar el acceso de forma autónoma e independiente a las personas, todavía existen muchísimos edificios que no cumplen con esta normativa.
Desde diciembre de 2017, la Ley de Propiedad Horizontal otorga el derecho a solicitar reformas de accesibilidad a usuarios propietarios de inmuebles en los que vivan o trabajen personas con discapacidad o personas mayores de 70 años.
Por tanto, siempre que las reformas sean solicitadas por algún propietario con interés legítimo, la aceptación de la obra será obligatoria para todos los propietarios.
Ahora bien, el sistema de pagos de estas actuaciones también tiene sus particularidades.
Así, existen dos supuestos en los que los gastos de las reformas correrán obligatoriamente a cargo de la comunidad de vecinos. El primero, siempre y cuando el importe de las obras no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes (una vez descontadas las posibles subvenciones o ayudas que desde las administraciones públicas puedan aportar).
El segundo supuesto es en el caso de que el coste de la reforma supere el importe de las 12 mensualidades ordinarias. Entonces será obligatorio que el 51% de los propietarios vote favorablemente. Si no se llega a un acuerdo en la votación, las obras se seguirán pudiendo realizar por los interesados, pero tendrán que asumir los costes íntegramente.
En caso de cualquier incumplimiento, los usuarios perjudicados podrán acudir a la justicia para denunciar la infracción de las obligaciones establecidas.
