5.800 firmas serán suficientes para impulsar nuevas normas en las Juntas Generales de Bizkaia. El nuevo texto que regulará a partir de ahora la iniciativa popular, aprobado ayer miércoles en el pleno celebrado en Gernika, reduce notablemente el número de personas que tienen que respaldar la propuesta para que inicie su tramitación, ya que hasta ahora eran necesarias 20.000 firmas.

Cualquier vizcaino puede plantear la aprobación de una nueva norma a las Juntas Generales, que son el órgano legislativo en el territorio y, por lo tanto, el que debate y aprueba en su caso las regulaciones, como lo es el Parlamento vasco a nivel de Euskadi o el Congreso de los Diputados en el Estado. Pero la norma que regulaba hasta ahora este proceso data de 1985 y se había quedado obsoleta.

Esta actualización, según explicó la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Elixabete Etxanobe, pretende “facilitar la participación política” de los vizcainos. La sociedad, advirtió, “exige” ahora una forma de participación en las instituciones “más directa” y de “mayor cercanía”, teniendo en cuenta el “nuevo escenario político, social, tecnológico y jurídico” abierto en las últimas décadas. “La ciudadanía ha dado muestra de su deseo de participar activamente en los asuntos públicos, las políticas de participación se han consolidado, y la existencia y el desarrollo de los canales digitales ha transformado los cauces de relación entre la ciudadanía y las administraciones públicas”, recoge el texto.

Entre las novedades que incorpora el nuevo texto, la más importante es el cambio en las firmas necesarias para arrancar el trámite parlamentario. La Diputación planteaba inicialmente 7.000 firmas y esta cifra se ha rebajado a las 5.800, incorporando a personas empadronadas en el territorio de entre 16 y 18 años. Además, se deja abierta la posibilidad de que los promotores puedan interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante una negativa de la Mesa de Juntas a tramitar la iniciativa popular. La norma foral incorpora, asimismo, los mecanismos para facilitar la tramitación a través de medios electrónicos, manteniendo también la posibilidad de que la ciudadanía presente las firmas en papel. Y se plantean otros cambios que tienen que ver con el cumplimiento de la normativa de protección de datos, criterios de normalización lingüística y de impacto de género entre los promotores, y la actualización de los importes de compensación, que todavía se establecían en pesetas.

La actualización también ha incorporado algunas modificaciones planteadas por los grupos de la oposición. Así, por ejemplo, se ha eliminado de las exenciones el que no se pueda hacer referencia a cambios en los planes sectoriales ya que este concepto es “demasiado amplio y permite interpretaciones restrictivas”, según EH Bildu. Asimismo, los promotores de una iniciativa de norma podrán comparecer en comisión, tal y como solicitaba el PP. Todos los grupos valoraron en el pleno ordinario celebrado ayer el amplio acuerdo alcanzado, si bien la oposición recordó otros cambios que finalmente no han sido aceptado. Elkarrekin Bizkaia quería reducir aún más el número de firmas, hasta las 5.000, y EH Bildu proponía que se eliminaran de las materias excluidas las referentes a las cuestiones tributarias, entre otras cuestiones.